sábado, 20 de agosto del 2022

El chantaje del PP sobre el CJGP evidencia la politización de la justicia

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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Ayer conocíamos que el Gobierno plantea llevar a cabo los indultos a los presos políticos catalanes.

La respuesta y reacción de los grupos de la oposición no se ha hecho esperar. El Partido Popular, en un primer momento amenazó con recurrir a todas las instancias donde fuera posible esta decisión, entre otras, ante el Tribunal Supremo.

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Hoy han ido más allá: han amenazado al Gobierno con seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial si se lleva adelante el indulto de los presos políticos catalanes.

El propio Gobierno ha considerado que esta amenaza del Partido Popular no puede considerarse de otro modo que de un chantaje. «No hay tomada ninguna decisión», dicen para escudarse, aunque lo cierto es que todo apunta a que la intención, en principio, era dejar en libertad a los presos durante el verano.

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Maria Jesús Montero, portavoz del Gobierno, ha señalado que esta actitud de condicionar la reforma necesaria del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular pone de manifiesto que están intentando chantajear al gobierno. «Casado ha dicho que no se va a renovar el Poder Judicial salvo que la designación de los vocales se haga de manera distinta a como se ha hecho en estos años de democracia. Es la misma norma que lleva vigente desde siempre», ha dicho el Gobierno.

«La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren. Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve ahora de excusa», ha subrayado Montero refiriéndose a Casado.

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La negociación para la reforma del Consejo General del Poder Judicial lleva atascada más de un año, y su cúpula lleva más de dos en funciones, aprovechando este momento para hacer nombramientos que, en base a la modificación de la ley que lo regula, ya no podrán volverse a hacer.

El Supremo se posicionará esta semana

El Tribunal Supremo emitirá su informe esta semana, relativo al indulto de los presos políticos. Se espera que sea negativo, en el mismo sentido que la Fiscalía. Pero no es vinculante, por lo que el Gobierno no tiene por qué seguir los criterios del Supremo para tomar la decisión.

Será el ministro de Justicia quien se encargue de evaluar la cuestión después de recibir los informes citados, y después elevará sus conclusiones al ejecutivo, recayendo finalmente en el Presidente del Gobierno la última decisión. La firma, en caso de que todo el proceso sea favorable a los indultos, deberá hacerla el rey en último lugar.

Ciudadanos recurrirá los indultos

El Vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha anunciado hoy martes que Ciudadanos no está de acuerdo con lo que considera «una moneda de cambio» por parte del Gobierno de Sánchez hacia los independentistas. Por esta razón, recurrirán los indultos, en caso de darse, ante los tribunales.

«Desde Ciudadanos utilizaremos todos los medios jurídicos y políticos para evitar que el Gobierno indulte a los presos del procés, o para luchar contra el indulto que el Gobierno quiera conceder a estos condenados en firme», ha señalado.

Se interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el acto administrativo del PSOE y Unidas Podemos en caso de llevar a cabo los indultos. Considera que los indultos supondrían «una humillación para todos los españoles» y ha acusado al Gobierno de estar «abonando el escenario» para que la sociedad española los vea como algo «natural, normal, como la solución de un problema». Lo ha calificado de «intolerable», y una «humillación para la ciudadanía española».

No hay que olvidar que Edmundo Bal fue Abogado del Estado en el caso del procés, y fue apartado del mismo. En su momento consideraba que había sido un error no admitir el delito de rebelión dentro de los escritos de acusación de la Abogacía del Estado.

La evidencia de la politización de la justicia

Es evidente el chantaje de la oposición al Gobierno en una cuestión fundamental para sustentar un Estado que se dice Democrático y de Derecho. En un país donde se ha aplicado la ley de amnistía para olvidar crímenes atroces cometidos durante el franquismo, vemos cómo se comporta la derecha y sus compañeros de viaje ante una situación en la que se priva de libertad a personas que únicamente han hecho posible una consulta ciudadana, ejercer la libertad de expresión sin ningún tipo de violencia, por mucho que así lo quiera ver el Tribunal Supremo.

El chantaje que está planteando el Partido Popular sobre la modificación del Consejo General del POder Judicial pone de manifiesto que utilizan la administración de justicia como moneda de cambio, politizándola de manera evidente, y además, también deja ver que la cuestión de los presos catalanes es, evidentemente, una cuestión de índole política. Y teniendo en cuenta que, si el Gobierno está de acuerdo con su indulto, y la oposición se revuelve de este modo, es clara la animadversión que suscita todo este asunto, justificando así que sean, evidentemente, presos políticos.

El comportamiento de la oposición, que en el inicio del asunto del procés estaba en el Gobierno y que promovió todo lo que ahora «florece», pone una vez más de manifiesto lo que realmente ha sucedido aquí. Parece ser que desde el Partido Popular y Ciudadanos no quieren perder una oportunidad para dejar claro que jamás han actuado respetando la independencia de los poderes en España. Quizás porque como plantean algunos expertos, esta independencia brille por su ausencia.

¿Qué pensarán en Europa viendo esto que dice Edmundo Bal, lleno de rabia, cuando en su momento era, nada más y nada menos que Abogado del Estado en la causa del procés? ¿Qué le parecerá a Europa saber que el Partido Popular juega con el órgano de gobierno de los jueces a cambio de seguir presionando contra los independentistas catalanes? Sin duda, lo de disimular se les da bastante mal, aunque habrá que agradecerles que, si hay alguna duda en Europa, puedan hacerse una idea de lo que ocurre realmente en España.

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