sábado, 13 de agosto del 2022

El Constitucional da diez días al Parlament para presentar alegaciones por su debate sobre la Monarquía

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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La formación naranja de Ciudadanos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, denunciando la celebración de un debate sobre «La situación política creada por la crisis de la Monarquía», que tuvo lugar en el mes de agosto del pasado 2020 en al Parlament de Cataluña. 

El Tribunal Constitucional admitió el recurso a trámite y ha solicitado ahora al Parlament que responda presentando alegaciones. Desde el órgano de Gobierno del Parlament, la Mesa, ha decidido que sean los letrados de la Cámara quienes respondan al Constitucional presentando un escrito de alegaciones fundamentado en estricto sentido técnico jurídico.

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Se abre así ahora una cuestión de sumo interés: «¿Puede realmente debatirse de todo en un Parlamento, donde se supone que se encarna el poder soberano de la voluntad popular?» La limitación que algunos consideran se encuentra en el marco constitucional. Sin embargo, desde otra perspectiva, se supone que no habría más limitación a un debate parlamentario que los propios Derechos Humanos, que han de servir como marco para que cualquier ciudadano, con capacidad de representación pueda plantear opiniones en sede parlamentaria. ¿Cómo cabría modificar la Constitución si no hay manera real de debatir sobre lo que hay contenido en ella?

En estos momentos el papel de la Mesa del Parlament está bajo el foco, después de que a su presidenta, Carme Forcadell, le hayan condenado a años de prisión precisamente por haber admitido a trámite una serie de leyes que habían sido, previamente presentadas por grupos políticos con representación en la Cámara.

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De la misma manera se ha sancionado, de diferentes formas, a los miembros de la Mesa que le acompañaban y que votaron a favor de admitir las propuestas de los debates parlamentarios que dieron lugar después a la votación de los diputados.

Los límites del debate parlamentario chocarían en este caso con el derecho fundamental a la libertad de expresión, según consideran algunos expertos juristas. Y precisamente los aforamientos protegen a sus Señorías para que puedan manifestar y expresar sus opiniones sin temor por ello, supuestamente.

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