domingo, 05 de febrero del 2023

Monarquía Feudal: La Fiscalía «no se plantea» imputar Juan Carlos I tras su regularización

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Las Monarquías Feudales se caracterizaban por la imposición de monarquías hereditarias patrimonializadas en fuertes dinastías, con un poder absolutista beneficiarias de derechos y privilegios exclusivos, infinitamente muy por encima de el de sus vasallos. La de los Borbones sería un ejemplo de como funcionaban.

En los planes de la Fiscalía del Tribunal Supremo no entra citar a Juan Carlos I como investigado tras sus regularizaciones fiscales, a través de fuentes de la investigación sobre la fortuna del ex monarca en Suiza. Su comparecencia estuvo sobre la mesa, pero se descartó al considerar que su testimonio no añadiría datos relevantes.

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El Ministerio Fiscal tiene abiertas cuatro líneas de investigación sobre los fondos del Emérito en el extranjero. La primera la inició la Fiscalía Anticorrupción y se analizan las consecuencias penales que podría tener el cobro de 64,8 millones de euros por parte de Juan Carlos I y procedentes de Arabia Saudí. Las investigaciones, tienen como eje el cobro y donación en 2012 a Corinna Larsen del dinero saudí, se iban a dar por concluidas tal y como anunció la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Corinna Larsen y Juan Carlos I de Borbón.

La segunda de las acciones que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el Emérito busca esclarecer si se incurrió en un delito al pagar, con tarjetas de crédito, en torno a 1,2 millones de euros con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

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Además en tercer lugar, los investigadores estudian si el Emérito disfrutó de viajes, por valor de ocho millones de euros, sufragados por la Fundación Zagatka. La organización en cuestión fue creada en 2003 en Liechtenstein por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I.

Y por último el Ministerio Fiscal fue alertado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de que Juan Carlos I sería el beneficiario de una empresa que ocultaba diez millones de euros en Jersey y desde la que se detectó una transferencia sospechosa. Esta constituye la cuarta vía de investigación y la menos conocida por la opinión pública.

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