miércoles, 07 de diciembre del 2022

El Consejo de Europa advierte a España sobre el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito judicial

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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El comité de expertos del Consejo de Europa sobre la protección de las lenguas regionales o minoritarias ha recomendado a España que modifique su legislación para adecuar el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito judicial.

Concretamente, se le propone a España que modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de responder a la necesidad de utilizar las lenguas cooficiales cuando una parte en el proceso así lo solicite.

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Se trata de una «recomendación» que debería abordarse de manera «inmediata» desde el criterio del Consejo de Europa. Y considera que debe aplicarse al catalán en Cataluña y Baleares, al euskera en el País Vasco y Navarra y al gallego y valenciano.

Según el informe, «los jueces y el resto del personal de los tribunales utilizan normalmente el español y deben usar la otra lengua oficial de la región si ninguna de las partes se oponen». Señala, además, que lo que suele ocurrir cuando una de las partes solicita el uso de la lengua cooficial es que se recurre a un traductor, en lugar de mantener todo el procedimiento en dicha lengua.

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En este sentido, subrayan que el número de funcionarios judiciales que hablan lenguas cooficiales no ha aumentado durante los últimos años, por lo que el uso de estas lenguas en los procedimientos judiciales «sigue siendo limitado».

Se lamenta el Comité de que las autoridades españolas no hayan cambiado de postura y vuelve a incidir en la necesidad de poner en marcha modificaciones legislativas en este sentido.

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Pero el informe no solamente hace hincapié en el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito judicial, sino que lo extiende para exigir que se eliminen las limitaciones de la enseñanza en gallego, al constatar que casi una cuarta parte de los niños que tienen menos de 15 años no hablan ni conocen esta lengua en Galicia.

La conclusión es contundente: «el marco legal vigente es contrario a los compromisos adoptados por España».

Se recomienda además incluir el uso de las lenguas catalana y aragonesa en el estatuto de autonomía de Aragón, así como las lenguas gallega y asturiana en el de Asturias.

Solicita establecer el inicio de conversaciones en este ámbito e informar al Consejo de los progresos alcanzados.

 

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