La Junta de Andalucía ha aprobado el uso de fondos europeos contra la Covid llamados REACT-UE (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa), creados con la idea de hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, para financiar de un modo indirecto –a través de una «reorientación» de recursos propios destinados a sanidad y educación– la compra por 78 millones de euros de la sede de Abengoa, una de las empresas tecnológicas punteras del país, hoy en concurso de acreedores.
El Gobierno andaluz, pone como excusa para salvar a los múltiples accionistas y por supuesto trabajadores, formar una coalición de PP y Ciudadanos, para ubicar allí la Ciudad de la Justicia, los juzgados y tribunales de Sevilla. Abengoa, una empresa que emplea a unas 1.500 personas en la capital andaluza y 14.000 en todo el mundo, está ahora mismo fagocitada por la deuda e inmersa en un proceso concursal.
El gabinete de Juanma Moreno (PP), tal como indica Público, se negó a poner 20 millones de euros para el último plan de salvación en el que estaban de acuerdo el Gobierno de España, que iba a avalar la operación, y la banca, y con ello dificultó que este pudiera llegar a buen puerto.
El Gobierno andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía. Hay que recordar que Abengoa era la suministradora del sistema AIP de los submarinos S-80 en construcción para la Armada.
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