Indepes y UP piden hoy extender el uso del catalán o el euskera al Congreso, el Supremo o RTVE

Las formaciones independentistas como ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y Bildu, junto a Unidas Podemos, defenderán este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos, y reconociendo nuevas, como el asturiano.

Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

«Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística», señalan en el texto, apuntando la situación de «discriminación» a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.

Reconocerlas igual que el castellano

Esta proposición nace a iniciativa de asociaciones como Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció cultural del País Valencià y del documento titulado ‘Plurilingüismo: libertad, igualdad y democracia’.

Representantes de estas organizaciones tienen previsto este martes por la mañana celebrar un acto de apoyo a esta iniciativa en la conocida como Puerta de los Leones junto a miembros de los partidos firmantes de la misma.

En el texto, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, se insta al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen «del mismo reconocimiento» que el castellano, y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes», y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.

En la redacción original, los proponentes –entre los que inicialmente figuraba ERC– también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en otras instituciones, organismos y tribunales de justicia nacionales. Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a Unidas Podemos y al resto de partidos reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que «exceden de su competencia».

En el texto final aparece este punto ya modificado, en el que los promotores llaman al Gobierno a aprobar las iniciativas legislativas oportunas para garantizar el uso del catalán, el euskera, el gallego o el valenciano en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.

Además, reclaman que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el «reconocimiento internacional» de estas lenguas «en paridad con el castellano».

Fomentar otras lenguas

Además, reclaman que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, y que se suscriban acuerdos para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.

Exhortan también al Gobierno a que apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Por último, piden poner fin con «la imposición legal exclusiva del castellano» en la normativa estatal por afectar «de manera frontal» al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta «discriminación» lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.