La tecnología se puso al servicio de la lucha contra la pandemia desde el pasado mes de marzo de 2020, cuando la agencia Shim Bet puso en marcha un sistema de rastreo mediante la tecnología de los teléfonos inteligentes, que pudiera facilitar los movimientos de las personas infectadas por el virus.
Desde el comienzo del uso de estas tecnologías, según señala Reuters, «los grupos de activistas en favor de los derechos civiles» plantearon sus dudas ante la justicia preocupados por la vulneración de la privacidad de las personas. Desde el poder legislativo, al mismo tiempo, también dudaban sobre la eficacia real de esta medida.
La justicia planteó sus dudas sobre la medida, que implantada de manera temporal para poder actuar ante la expansión del virus, podría implantarse de manera permanente. Y advirtió de los riesgos que esto conlleva.
Por eso, desde el Tribunal Supremo se ha dictado sentencia y se ha dado de plazo máximo hasta el próximo 14 de marzo para que el uso indiscriminado de la vigilancia llegue a su fin.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha afirmado hoy que esperan que esta sentencia lleve al gobierno y al parlamento de Israel (Knesset) ha cambiar el rumbo que habían tomado en el uso de medidas extremas y antidemocráticas en la lucha contra la epidemia.
Esta vigilancia supuso, hasta el pasado mes de diciembre, un 7% del total de las detenciones producidas en Israel. Sin embargo, desde el área de salud, también indican que gracias a la vigilancia «se han salvado muchas vidas». Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el ministro de sanidad, Yoav Kisch, ha subrayado que esta decisión supone un «crimen contra la salud de la ciudadanía de Israel».
