Vacunarse como Villarroya y Taltavull es corrupción, según Transparencia Internacional

El jueves 28 de enero EFE distribuyó la noticia del último informe publicado por Transparencia Internacional sobre los índices de corrupción en 180 países. De los digitales importantes de ámbito estatal solo El Mundo, ABC y Público se hicieron eco tal como la noticia merecía, en la portada y tercera y séptima pantallas, respectivamente.

El título en El Mundo decía: “Transparencia Internacional advierte de que la vacunación de políticos incumpliendo los protocolos es corrupción”. En la letra pequeña, no obstante, reconoce que se habla de “políticos y altos cargos”, pero en ningún momento cita ni a los dos de este título, ni a ningún otro pícaro, y no es que el diario que fue de Pedro J sea especialmente prudente con los nombres y apellidos a la hora de acusar de lo que sea.

El detalle tiene su importancia pues lo cierto es que, aunque el general Villarroya y el obispo Taltavull fueran los únicos tramposos entre los de sus respectivas y muy elitistas “categorías”, los porcentajes de ambos serán siempre mucho mayores que los de los políticos y altos cargos no militares ni eclesiásticos pillados en la misma trampa, en relación con los muchos miles que forman este colectivo, tan inmenso.

Se está hablando mucho de este comportamiento tan execrable, pero conviene reparar en dos detalles que no se mencionan tanto.

Por una parte, siempre hay personas que saben que se va a producir cada uno de esos “delitos”, pero no se atreven a impedirlos, con lo que se convierten en cómplices, en mayor o menor grado y por mucho que aleguen una supuesta “obediencia debida” que deberían llamar miedo. Los próximos que salgan presumiendo de que España es una de las mejores democracias más vale que se callen, pues calidad democrática significa que los prepotentes se sometan a las normas establecidas para todos, y para llegar a esa normalidad a España le falta mucho recorrido.

Por otra, y aunque no debe servir de consuelo, constatar la importancia de los medios de comunicación, con un papel decisivo para que estas indecencias se conozcan. Podríamos decir que, de la dictadura franquista, cuatro décadas después ha desaparecido la censura que amordazaba a la prensa, pero no los abusos que cualquier privilegiado sigue pudiendo ejercer. En este caso, sobre las personas que trabajan sin descanso en los circuitos de una campaña de vacunación masiva y que están obligadas a asegurar el respeto de los protocolos establecidos.

Burladas por los pillos de alta condición la norma establecida, la ética y la solidaridad, toca que tales personajes no se vayan de rositas.

La decisión de Ximo Puig, lo de no ponerles la segunda dosis, parece infantil e irreflexiva, y no me extrañaría que terminara costándole la presidencia al valenciano, pues una demanda bien armada ante los juzgados podría terminar condenándolo por crueldad gratuita, además de que es muy probable que no haya norma legal que avale tal actuación directa contra la salud de particulares con nombres y apellidos.

Se han producido algunas dimisiones, una vimos entre lágrimas de vergüenza de sí mismo, pero no es castigo suficiente, pues en demasiadas ocasiones ha ocurrido que los pillados en renuncio terminan apareciendo en otros cargos públicos en cuando la prensa se ha olvidado de ellos y el asunto ha pasado de moda.

Una multa económica importante para cada persona de las que hayan sido pilladas colándose, como los citados Villarroya y Taltavull, seguro que tiene encaje en la legislación vigente y, además, tendría la virtud, aunque sea a posteriori, de reponer la violada igualdad de todos ante la ley de la pandemia, pues miles de personas ya han sido multadas desde marzo de 2020 y por “delitos” de menor gravedad.

Como no parece que se esté pensando en imponer sanciones a terceros que en realidad molestan al gobierno, pues serán multados miembros más o menos relevantes de todos los partidos, no queda más remedio que pasar a la acción desde abajo.

Aquí, en http://chng.it/V9cMD26q puede usted apoyar la petición de que se sancione económicamente a los que no han respetado la cola establecida para la vacunación.