Los presupuestos de 2021 más atentos al IBEX35 y a conservar privilegios que a las necesidades de las mayorías

Los presupuestos de 2020 eran los de Cristóbal Montoro prorrogados y el COVID no estaba previsto en ellos. Este gobierno PSOE-Podemos se constituyó en enero. En febrero la OMS declaró pandemia al COVID-19. En marzo fuimos al confinamiento, a los ERTOS o pasamos a trabajar en casa, en el supermercado, en sanidad… y el estado español fue líder en la primera ola en muertes, infecciones e infecciones de sanitarios. No se aplicó el protocolo de alerta temprana de epidemias aprobado 15 años antes. No se reforzó la Atención Primaria, enferma de precariedad y de plantillas crónicamente insuficientes y persistentemente recortadas.

Los presupuestos del estado para 2021 se confeccionan en el contexto de la segunda ola de la pandemia, que afecta a países de nuestro entorno que apenas tuvieron primera ola y que hacen que los pronósticos para 2021 sean inciertos. De todas maneras, la categoría de líder en muertes del estado español en 2020 y de falta de anticipación nos debería colocar en una expectativa de prepararnos para lo peor. En cambio, el gobierno se prepara para un escenario suave, cuando no optimista. Así, presenta los PGE como los mayores en gasto público, pero sin incrementar significativamente los ingresos reales vía impuestos, sino contando con elevar el techo de gasto y con lo que se vaya a recibir de la UE, por lo que ya se prevé acabar el 2021 con una deuda del 121,3% del PIB, que obviamente también tratarán de que paguemos nosotros.

Impuestos

Se sube algo el IRPF a las rentas muy altas, el impuesto de patrimonio a fortunas de más de 10 millones, el impuesto de sociedades a grandes empresas, el IVA a bebidas azucaradas, el impuesto a las primas de seguros y a los coches diesel. Todas estas medidas suponen un incremento conjunto de ingresos de entre 2.000 y 4.000 millones anuales.

La Asociación de técnicos de Hacienda GESTHA denuncia que el fraude fiscal se estima en 91.000 millones anuales y que en 10 años ha bajado la media de los importes defraudados detectados un 85% por la política de no molestar a los grandes defraudadores, en una especie de amnistía fiscal continua no declarada. Apple, Amazon, Google y Facebook pagan entre las cuatro sólo 22 millones al año a Hacienda.

En el capítulo de impuestos nos hallamos ante una política de imagen que sigue sin perseguir a los grandes capitales y empresas que son los grandes defraudadores.

Unión Europea

La Unión Europea ha relajado la política neoliberal de recortes y austeridad hasta que se supere el COVID. En 2020 ha habido un gasto suplementario por el COVID en el estado español de 239.765 millones que mayoritariamente van a deuda pública. Deuda pública que se refinancia un año detrás de otro, sin amortizarla. Este año se pagan más de 31.000M, más que la partida por desempleo.

Dependemos del tratado de Maastrich por el cual el Banco central europeo crea dinero y lo transfiere a interés casi cero a bancos y grandes empresas, que a su vez nos los prestan a un interés comercial. Es como un rescate continuo de la banca mediante dinero público. Eso después del último rescate de 60.000 millones a los bancos del estado español. Precisamente 60.000 millones suman los beneficios del Banco de Santander de los últimos 10 años. El rescate bancario anterior no se ha devuelto y ha servido de justificación para una política de privatizaciones, recortes en los servicios públicos y para usar a menudo la frase “No hay dinero” para pensiones (que no recuperan poder adquisitivo con la subida del 0,9%), prestaciones y subsidios que aminoren la pobreza general y creciente.

Para 2021 están los ingresos a “fondo perdido” procedentes de la UE –actualmente bloqueados- de 26.500M para el estado español, y la posibilidad de préstamos de hasta 67.000M, seguramente condicionados. En los PGE, el Gobierno cuenta con los primeros y no hace uso de los segundos, en principio, aunque puede cambiar: la partida del paro de 2021 sólo recoge pagar los ERTOS hasta 31/1/21.

El régimen del 78 no sale gratis

Una de las decisiones económicas del gobierno en 2020 ha sido permitir la fusión y privatización de Caixabank-Bankia. Bankia había recibido 20.000 millones de dinero público en la crisis anterior. Paralelamente el sistema judicial ha absuelto a los directivos de Bankia de la fraudulenta salida a bolsa (una estafa masiva). Fusiones bancarias que anuncian una oleada de despidos en el sector.

El mismo año en el que ha huido el Rey emérito a un país sin tratado de extradición con Suiza, donde escondió una parte de su fortuna estimada en 2.000 millones. Aún y así seguimos financiándolos, con un incremento casi del 7% llegando a los 8,5M.
El presupuesto de defensa para 2021 se halla repartido entre el presupuesto del Ministerio (donde sólo encontramos el 30% del presupuesto militar) y el de otros ministerios donde se hallan camufladas el resto de partidas. En el caso de las inversiones, la compra de armamento absorbe el 40% del total. En suma, el presupuesto de defensa real es de más de 34.525 millones (por comparar: la partida para desempleo es de 25.012M). Élites, Monarquía y ejército todavía se cobran los réditos de la victoria del golpe de estado de Franco, aún con el gobierno “más progresista” de PSOE-Unidas Podemos.

Colapsos parciales anunciados en los servicios públicos

Los desahucios y despidos continúan con el COVID. Se ha permitido hacer ERTOS a empresas con beneficios y/o con sucursales en paraísos fiscales con las que eluden el pago de impuestos. Hay un número no conocido de trabajadores en ERTO que llevan 8 meses sin cobrar. Los nuevos trabajadores en paro tienen un retraso en cobrar de 3 meses. Las jubilaciones no se pueden tramitar pues el personal de la Seguridad Social está saturado con la tramitación del IMV (Ingreso mínimo vital). IMV que es una muestra de maltrato por las exigencias burocráticas y por la reducida partida presupuestaria (3.000M). En los momentos que más se los necesita hay colapsos todavía parciales de los Servicios públicos, castigados durante años con la reducción de presupuestos, plantillas y abuso de la precariedad.

Por un plan de rescate para los y las trabajadoras y sectores populares.

Contra el paro estructural, reparto de horas manteniendo el poder adquisitivo.

Contra la especulación en vivienda y productos, control de precios.

Contra los despidos: movilización y nacionalización.

Por una sanidad, enseñanza y servicios públicos de calidad y de gestión directa.

Contra las privatizaciones, estatalización y municipalización.

Nacionalización de la banca.

No al pago de la deuda.