Ley electoral estropeando democracia en construcción

Acabo de ver “Bienvenido Míster Chance”, con el Peter Sellers más hierático que recuerdo y también aquella Shirley MacLaine que, hiciera lo que hiciera en la pantalla, nunca cometía pecado alguno, ni que fuera venial. Además, me he reído con Jack Warden en su papel de presidente USA, incluyendo una de las escenas de cama imprescindibles de la historia del cine, y no era la primera vez que la industria cultural más popular dedicaba su creatividad y arriesgaba su dinero para mostrar los grandes ridículos que es capaz de hacer su máximo representante político.

El caso es que “…Chance” se estrenó el mismo año en que Felipe González se llevó el primer gran disgusto de su vida, tras ser de nuevo derrotado por Adolfo Suárez en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979. Ocurrió tal cosa gracias al RDL 20/1977 de 18 de marzo sobre normas electorales, pues entre UCD y el resto de derechas de ámbito estatal juntaron 178 escaños, 34 más que el PSOE y el resto de izquierdas, aunque estas habían ganado a las derechas en las urnas por una diferencia de casi 400.000 votos.

Tras aquella derrota dimitió González, aunque no porque jarrones ni barones lo echaran como él hizo con Pedro Sánchez 37 años después, sino para provocar una crisis que le permitiera regresar después borrando lo del “marxismo”, aunque todo el mundo sabe que si el PSOE ganó las siguientes elecciones, las de 1982, no fue por aquella movida, sino porque el rey había forzado la dimisión de Adolfo Suárez, a pesar de que para ello tuviera que atizar el peligroso fuego de sus amigos, y también criminales golpistas que, metidos en faena, siguieron adelante con el 23F para propiciar una situación que sí o sí, y al margen de como terminara su delito, garantizara la consolidación de la monarquía restaurada por el dictador.

Encantado el dúo González/Guerra con sus 202 escaños, el 58% del Congreso, aunque en votos solo consiguieran el 48,11%, y siendo deudores de un rey que previamente había destrozado a su “bestia negra”, decidieron dar categoría de Ley Orgánica al RDL 20/1977 de la misma “bestia” antes de las nuevas elecciones, que tendrían lugar en 1986. Con ello, conseguían para la normativa electoral la apariencia de constitucionalidad que convenía, aunque no modificaron en nada lo que les beneficiaba, que era lo que perjudicaba al PCE, un adversario directo en las urnas que había subido 228.597 votos en 1979, mientras el PSOE solo conseguía recuperar 97.947 votos de los más de 816.582 que había dejado huérfanos el PSP de Tierno Galván. A diferencia de los de Carrillo, aquellos otros socialistas no pudieron soportar la discriminación aplicada por el RDL de Suárez ya en las de 1977 pues, en lugar de 6 les hubieran correspondido 17 escaños. Al final, decidieron refugiarse en el PSOE y “el viejo profesor” para alcalde de Madrid.

Por tanto, para consolidar a su favor el gran plus de poder parlamentario que el RDL les había regalado en 1982, ni se plantearon incorporar a la Ley Orgánica de Régimen Electoral de 1985 la “igualdad de todos los españoles ante la ley” exigida por el artículo 14 de la Constitución. Algo se habrían aproximado si hubieran sustituido provincias por CC.AA. como circunscripción electoral, pero no les dio la gana hacerlo, pues nadie podía alzar la voz al PSOE durante aquella legislatura. Pero ni en eso ayudaron a construir un Estado de las Autonomías que hoy hace aguas desde la Catalunya independentista hasta el dumping fiscal de Madrid.

La discriminación electoral, “legalizada” con esa Ley Orgánica aún vigente, propició el bipartidismo que rigió hasta 2015, con cuatro mayorías absolutas, dos del PSOE y dos del PP, que nunca correspondieron al número de votos depositados en las urnas pero que sí sirvieron, entre otros logros, para construir el terrorismo de Estado marca GAL durante la etapa de Felipe González y, con Aznar, para implicarnos en aquella guerra de Irak que nos terminó costando los casi 200 muertos del 11M de 2004 en Madrid.

Además, aquellos gobiernos “facilitados” por la Ley Electoral de 1985 se caracterizaron por un fuerte inmovilismos en cuanto al avance de las libertades y la mejora de la calidad democrática.

Por eso, en enero de 1994, gobernando aún el PSOE y quince años después de que todos los habitantes del mundo pudiéramos reírnos sin miedo del presidente de los USA con “…Chance”, la Casa Real de Juan Carlos I emitía un comunicado tildando de “malintencionados” y otras amenazas nada veladas los comentarios sobre la Infanta Elena realizados en el programa de humor llamado “Personas humanas” de Miguel Calzada, que solo pudieron ver unos cientos de miles de catalanes en TV3. Consecuencias: Mikimoto tuvo que abandonar.

Por eso mismo también, en julio de 2007, es decir, gobernando de nuevo el PSOE, un juez secuestró la revista de humor “El Jueves” por una escena de cama de los que siete años después se convertirían en la primera pareja de España, hijo y nuera de quien tanto se había ofendido con el humor de TV3 en 1994.

Y también por eso acabamos de saber que, según el último informe de la ONG Freemuse, entidad consultora de la ONU, España es, con 14 casos entre los que se incluyen los de Valtonyc y Pablo Hasel, el país del mundo que tiene más artistas represaliados por sus creaciones o actuaciones profesionales, por delante de Irán o Turquía. Reconozco que me cuesta creerlo, pero seguro que utilizan criterios tan objetivos, o más, que los de esas otras consultoras que incluyen a la democracia española entre las mejores.

Si, “…Míster Chance” es una película de hace 40 años en USA y “The Crown” es una serie actual producida en UK para TV que también desnuda una monarquía, la propia, y si la traigo a colación es porque he divulgado entre algunos de mis contactos una opinión vertida en Catalunya sobre el Reino Unido y el Reino de España y he recibido más respuestas que nunca.

Quien opina es el periodista Antoni María Piqué, que titula su artículo “Por qué no hay un ‘The Crown’ español” y lo finaliza explicando que no lo hay, “pero quizás no sea por falta de audacia o recursos, -ni de talento, que sobra. Quizás es porque la realidad no permite otra cosa”.

Se refiere Piqué a que la “realidad” de la monarquía española es tan indefendible que “no permite” invertir creatividad y dinero en algo para TV o cine que pueda contar la verdad, pues, traduzco, no serían sino versiones diferentes de ese “los borbones son unos ladrones” que ha terminado condenando a los dos raperos españoles citados tres párrafos más arriba.

Estoy de acuerdo con Piqué, y también con el título que yo mismo he elegido para esto que está usted leyendo, pero diré ambas cosas de otra manera.

No es la “realidad” de una monarquía indecente lo que impide un “The Crown” español, pues el morbo vende más que cualquier otra cosa, como tampoco es una Ley Electoral la culpable de que un Parlamento no sea el fiel reflejo de la sociedad que acude a las urnas y después venga todo lo demás.

Los culpables de ambas deficiencias, conscientes, interesados y beneficiarios, son los mismos.

Se trata de unos políticos que solo piensan en continuar en el poder a corto plazo porque, aunque estén gobernando y tengan fuerza suficiente para hacerlo, no se atreven a invitar a Felipe VI a que abandone La Zarzuela a cambio de no convocar un referéndum sobre la forma de Estado, teniendo en cuenta que es un rey que solo se sostiene gracias a las amenazas que podría movilizar para mantenerse en el trono, tal como hizo su padre en tiempos que también fueron transitorios.

Son los mismos políticos a quienes tampoco les da la gana reformar la Ley Electoral para que, cumpliendo por fin con la Constitución, se vean obligados a aprender a negociar y pactar, una asignatura que decidieron excluir del currículum de esa carrera de la vida en libertad llamada “democracia” en cuanto tuvieron que comenzar a practicarla tras la muerte del dictador.