Escandalosa trama de la ‘Policía Patriótica’ de Fernández Díaz para liquidar el Banco Madrid que delató a los Pujol y ahora reclama 250 millones

La propiedad del ex Banco Madrid (BM), entre ellos los hermanos Higini y Ramón Cierco, reclaman al Banco de España una indemnización de 250 millones “por los daños y perjuicios” causados a raíz de la intervención y liquidación de esta entidad en 2015. La demanda de responsabilidad patrimonial presentada ante el propio órgano supervisor contiene, entre otros documentos, un informe pericial sobre los cuantiosos daños derivados de la intervención.

Los litigantes vinculan la intervención de Banco Madrid, según indica El País, con las presiones que la denominada policía patriótica -el grupo de policías que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior- realizó para que la entidad les facilitase datos bancarios sobre el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia, así como de otros líderes independentistas.

El ex comisario José Manuel Villarejo, en prisión por el caso Tándem, ha reconocido que desde el Ministerio de Interior se dieron indicaciones para obtener las cuentas bancarias de la familia Pujol e intentar frenar el movimiento independentista. Y que colegas suyos pidieron a los hermanos Cierco, principales accionistas de la entidad, datos sobre las cuentas de los Pujol a cambio de que el Banco de España no actuara contra Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Roma no paga a traidores. La intervención del BM obedeció “a unos infundados temores sobre posible infracción de las medidas para la prevención de blanqueo de capitales» denunciadas en marzo de 2015 por la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Lucha contra los Delitos Financieros), el llamado FinCEN, del Departamento del Tesoro de EEUU.

Se les engaño de manera absurda. En esta estrategia de presión sobre los hermanos Cierco, policías españoles contactaron con el FinCen y les explicaron que el BM estaba siendo utilizado en España por ciudadanos venezolanos para blanquear dinero. Esta información, que después se reveló falsa, dio lugar a un informe del FinCEN que más tarde precipitó la intervención de la entidad.