domingo, 14 de agosto del 2022

Ante la injusticia carcelaria de Sánchez y Cuixart Amnistía Internacional exige su liberación

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Una vez más Amnistía Internacional ha vuelto a pedir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y poner así fin a la «injusticia» que viven desde hace tres años. La organización ha afirmado que los tres poderes del Estado «tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos».

Así, ha apuntado que la fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) debe impulsar pronto una resolución del recurso de amparo interpuesto por los presos, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo (TS). La organización ya apuntó en 2019 que la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Instó también al indulto y la reforma del delito de sedición.

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En cuanto al poder ejecutivo, le instó a habilitar herramientas idóneas para que Sánchez y Cuixart sean puestos en libertad. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha asegurado que este poder tiene la oportunidad de tramitar pronto los expedientes de indulto y ha valorado que cualquier medida que suponga «poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenido por Amnistía «.

Esteban Beltran Director de Amnistia Internacional España.

Por último, instó al poder legislativo a emprender cuanto antes la reforma del delito de sedición, «que vulnera el principio de legalidad». Amnistía ha expresado su preocupación porque este tipo delictivo se haya usado contra Sánchez y Cuixart, que ha considerado que se ha empleado «de manera extensiva» por el Supremo. Alertó que esto podría «abrir la puerta en un futuro a mayor criminalización de actos directamente relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

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Ante esto, Beltrán afirmó que el poder legislativo debe impulsar una reforma del delito de sedición «para garantizar que no se criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni se imponen penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica, tal y como ha ocurrido en este caso «.

Por último, ha esperado que el Supremo resuelva cuanto antes la «confirmación» de la progresión a tercer grado autorizada por las autoridades penitenciarias catalanas.

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