La Comisión Europea revisa el Estado de Derecho se sus Miembros: España con evidentes anomalías en el Poder Judicial

Sabemos que La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la UE, y la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

Por lo tanto, la Comisión Europea, es la ‘guardiana’ de los Tratados europeos en los que se consagra el Estado de Derecho y siendo consciente del creciente autoritarismo de algunos Estados miembros ha examinado si realmente se ejerce una democracia o no. Como no cabía esperar de otra manera España está entre las ‘democracias’ con más faltas de la misma.

Vamos a informar de la Evaluación de España, según indica al completo, Diario16.com, accediendo al informe de la Comisión Europea. Donde no sorprende que esta urja a una renovación del Poder Judicial, ponga en entredicho la relación del Ejecutivo con la Fiscalía, vea necesaria nuevas leyes contra la corrupción, transparencia en la propiedad de la prensa escrita, sobre algunas de las deficiencias más destacadas.

Ofrecemos la presentación del informe en el que han estado presentes el Comisario Didier Reynders y la vicepresidenta de la Comisión Europea Vĕra Jourová, con el acceso de manera pública y oficial a los documentos completos:

Informe sobre el estado de derecho de 2020: Comunicación y Capítulos de países.

Informe de la situación general en Europa: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo.

Informe detallado por Estados: Comunicación en las reglas de la ley para cada País. (España página 13)

El comisario Reynders ha presentado el informe, que muestra una visión de conjunto de la UE. Supone una fuente importante de información, que es de utilidad para las futuras deliberaciones: a nivel europeo, nacional y local.  Este informe permite abrir una nueva etapa en la protección del Estado de Derecho y en la promoción de la cultura del Estado de Derecho en la UE.

A principios e 2010 se escribió a todos los ministros de la UE para establecer el mecanismo. Ha resultado fundamental: no sólo como un canal de comunicación constante sino para debatir la metodología del informe. Sobre esta base, los 27 facilitaron sus comentarios por escrito. Además, se ha llevado una consulta específica a las partes interesadas, donde han participado Agencias Nacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Profesionales.

Donde cada Estado Miembro ha tenido la oportunidad de comprobar los proyectos por capítulo de informe por país para poder comprobar la información antes de ser publicada.  Estos han sido los parámetros para la realización de este informe en la valoración que hace la propia Comisión Europea.

Estructura general del Informe

1.- Independencia, calidad e independencia judicial: hay una serie de estados miembros donde hay en marcha esfuerzos para aumentar la independencia y reducir la influencia del ejecutivo sobre el judicial. 

2.- Lucha contra la corrupción: Se ha valorado que varios estados miembro han adoptado nuevas estrategias contra la corrupción. Es fundamental que estas estrategias se pongan en práctica y se haga un seguimiento para evaluar su evolución. El seguimiento muestra preocupación por algunos estados miembro en los que a las investigaciones se refiere y al seguimiento judicial: hay casos de corrupción de alto nivel que no se persiguen de forma sistemática.

3.- Garantías para la información independiente de los medios de comunicación: la independencia y competencia de las autoridades responsables de los medios de comunicación está consagrada por ley en todos los estados miembro. En algunos estados miembro, la influencia política, la falta de transparencia a la hora de saber quién es el propietario del medio, los riesgos de los profesionales al llevar a cabo su trabajo.

4.- Otras herramientas complementarias: Hay un sano debate para fortalecer las salvaguardias legales y constitucionales. En algunos estados se han abierto nuevos canales que permitan a los ciudadanos cuestionar el ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Comisión de Venecia puede apoyar estos procesos.

¿Qué dice el informe sobre España?

Independencia judicial: El texto relativo a España puede encontrarse en el resumen sobre la ley por países (página 13). El resumen inicial sobre España señala: que el sistema judicial español se enfrenta a desafíos relacionados con su eficiencia, ante un aumento de los procesos judiciales que se prolongan en el tiempo. En este sentido, apuntan a la necesidad de la creación de una nueva legislación en materia de normas procesales en el ámbito penal, que vayan destinadas a acelerar la preparación del proceso, así como también señalan la necesidad de un proyecto específico sobre nuevas tecnologías y derecho procesal. El uso de medios electrónicos (nuevas tecnologías) se considera bien implantado, y se indica que están realizándose mejoras, aunque hay problemas persistentes, concretamente las relativas a la interoperabilidad entre sistemas que se utilizan en las diferentes regiones.

Otro de los desafíos para España es la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos cargos todavía no han sido renovados.

También se subraya la relación entre el Fiscal General y el Ejecutivo (Gobierno), algo que se apunta como «sujeto a discusión», particularmente, el proceso de nombramiento del Fiscal General, su mandato y el registro de las comunicaciones con el Ministro de Justicia.

Lucha contra la corrupción: Se señala que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años, tanto en la dimensión preventiva como en la represiva. Aunque se apunta al hecho de que «España no cuenta con una estrategia global anticorrupción», a pesar de contar con la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, adoptada en 2019, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación y el acceso a las bases de datos financieras, mejorando también la cooperación interinstitucional.

Señala el informe que «aunque el Código Penal y la Ley procesal penal han sido revisadas en febrero de 2019, se está llevando a cabo una nueva modificación del Código Penal y de las normas procesales.»

España, señala el documento, «ha implementado una mejora del marco legal para la integridad en el sector público, fortalecimiento de los mecanismos de integridad en el Parlamento», y ha reforzado los mecanismos de transparencia, conflicto de intereses e incompatibilidades de altos funcionarios de la Administración central del Estado. Cuenta ahora con un desarrollo legal que establece las limitaciones, y que atiende a casos de delitos graves y relacionados con la corrupción, que pueden sancionarse con mayor severidad, incluso con periodos más largos de inhabilitación para cargos públicos.

Se pone de manifiesto la puesta en marcha de legislación dirigida a la protección de los denunciantes y un proyecto de ley general contra la corrupción está ya sobre la mesa, pero aún no se ha aprobado.

En el año 2019 se aprobó un código ético para los miembros del Parlamento, que ha creado además una Oficina específica para gestionar los conflictos que puedan generarse.

Libertad de expresión y garantía de acceso a información: El informe señala que la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, así como el derecho a la información. Sin embargo, apunta a que «os sectores de televisión y radio están sujetos a normas que indican la transparencia sobre la propiedad de los mismos, no sucede igual en los medios impresos». La información disponible en el registro mercantil es la misma que para cualquier otro tipo de empresa en España, lo que dificulta poder saber, para el público general, quién es el propietario de los medios de prensa escrita.

También se señala en el informe la inquietud que genera la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que restringe la libertad de información y de expresión.

Sobre el proceso legislativo: El informe señala que en España se prevén garantías de transparencia y participación de las partes interesadas, sobre todo a través de consultas públicas. El marco de transparencia, señala el informe, sigue aplicándose a todas las regiones españolas que ahora cuentan con su propio marco legal en este ámbito.

La iniciativa legislativa de los gobiernos, y su derecho a emitir decretos-ley está sujeta al control del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo tiene un mandato amplio, pudiendo ejercer la defensa de los ciudadanos.

El Gobierno, señala el informe, «viene desarrollando políticas de gobierno abierto con el objetivo de involucrar aún más a los ciudadanos en el desarrollo de políticas públicas».

Dictamen sobre España

Por consiguiente, el Ejecutivo comunitario recoge las peticiones de los colegios profesionales para que el órgano sea renovado y las dudas sobre que tenga capacidad para proseguir con los nombramientos. Se hace eco de que el consejo lleva funcionando de forma anómala e interina y lo que es mucho peor, con el mandato caducado desde diciembre de 2018.

Dando énfasis a esa anomalía: «En un contexto de dos elecciones generales en 2019, una mayoría cualificada de tres quintos no fue alcanzada en el Congreso y los miembros del consejo continúan en el cargo hasta que se logre la renovación».

Asimismo, recoge los pronunciamientos del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, solicitando que se acuerde la renovación de la institución lo antes posible: «El presidente interino se ha referido a las circunstancias actuales como ‘anomalía institucional’ y ha advertido de que la prolongación de la situación podría desacreditar el consejo», subraya el documento.

Dando repercusión y premura al mismo: «Es uno de los retos», señala el informe elaborado por el departamento de Vera Jourová, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Valores y Democracia, y de Didier Reynders, comisario de Justicia… Informe transparente y directo sobre las anomalías e irregularidades de la Justicia española…