La Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso Villarejo, había pedido la imputación, junto con la antigua número 2 del PP María Dolores de Cospedal. En el caso de Cospedal, sin embargo, el juez Castellón ha decidido no citar a declarar, ni a ella ni a su marido.
Fernández Díaz deberá declarar el próximo 30 de octubre en calidad de investigado (imputado). García Castellón ve pertinente la comparecencia de Fernández Díaz porque constata que las investigaciones practicadas lo sitúan en el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, «desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, supuestamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste el secretario de estado de Seguridad «.
Añade que así se desprende de los audios de Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación recopilada. Considera especialmente revelador de la importancia de la ex cúpula de Interior en esta operación el pago al chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, de cantidades mensuales abonadas con cargos a los fondos reservados, lo que «evidencia el conocimiento de los hechos por parte de los mandos superiores del organismo «.
Además, remarca que el hecho de que Ríos obtuviera una plaza como funcionario de Policía requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el ministerio.
Otros citados en el caso
Sobre Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, el magistrado cree que primero hay que citar de nuevo el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez, que en su primera citación no quiso declarar pero que ahora ha manifestado que quiere volver a comparecer en presencia judicial.
En su auto, el magistrado cita a declarar el 29 de octubre Francisco Martínez, que ya estaba imputado.
Además, el magistrado ha citado como testigos al ex director de Comunicación de Interior Juan José Esteban y tres personas más: el sacerdote Silverio Nieto, el ex director de gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís, y Icíar Castro Álvarez.
El caso Kitchen es una pieza separada del caso Tándem que investiga el operativo que se habría pagado con fondos reservados del Estado para robar información sensible para el PP a quien fue el tesorero del partido, Luis Bárcenas, para esconderla a la justicia. La Fiscalía Anticorrupción habla de una «operación parapolicial» que se habría creado por iniciativa de altos representantes del Partido Popular.
Hace pocos días se ha dado luz verde a la creación de una comisión de investigación de este caso en el Congreso, a propuesta del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de Ciudadanos y los partidos independentistas. Otro caso de las Cloacas del Estado #MarcaEspaña que pasa por los tribunales. ¿Será un paripé o se impartirá justicia de verdad?
