jueves, 29 de septiembre del 2022

Los ayuntamientos no deberán ceder el superávit al gobierno español para combatir la pandemia

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Nueva derrota en el Congreso del gobierno de Pedro Sánchez, que perderá la batalla de la convalidación del decreto del superávit municipal, una cuestión que mantenía muchos municipios en pie de guerra.

El PSOE había hecho una concesión de última hora a Unidas Podemos para asegurarse su apoyo. Aceptaba que los ayuntamientos sin ahorros pudieran optar al reparto del fondo de 5.000 millones de euros.

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De este modo, se habría creado un fondo similar al que se hizo para las comunidades autónomas, pero ahora para las entidades locales. Esta concesión, sin embargo, no ha sido suficiente.

El decreto topará con el no del PP, Cs, Vox, ERC, PNV, así como JxCat, y sólo recibirá el apoyo del PSOE y Unidas Podemos.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha asumido la derrota en el Congreso y aseguró que después no quiere oír quejas de los ayuntamientos.

Montero ha defendido el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, que se aprobó, recordémoslo, por la mínima, con el voto de calidad del presidente de la FEMP.

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El superávit municipal

Se trata de unos 14.000 millones de euros provenientes de las arcas municipales y depositados en entidades bancarias. Es dinero que en su momento no se utilizaron, pero no se pueden tocar porque la ley de estabilidad presupuestaria no lo permite.

El PSOE pretendía destinar una partida de 5.000 millones de euros de los presupuestos a los ayuntamientos si le cedían ese dinero, que se deberían utilizar para cuestiones relacionadas con la Covid-19. A cambio, el ejecutivo español se comprometía a devolver ese capital en un periodo de entre 10 y 15 años.

Muchos ayuntamientos no estaban de acuerdo

Los ayuntamientos pedían la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria. Exigían que se pudiera usar el superávit para lo que les haga falta, y los municipios que no tienen superávit pedían que no se les excluyera porque también necesitaban fondos para superar la pandemia.

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