El agotamiento físico y mental del esfuerzo mantenido durante los meses de confinamiento debido a la tensión de tener que sacar el curso adelante y el poco apoyo recibido por la administración es la causa principal que alega la que fuera hasta ayer directora del Instituto de Educación Secundaria Carmen Martín Maite, de Madrid.
Señala que confiaba en que «una vez terminada la alarma, la Administración empezaría a trabajar con los centros para preparar el inicio de curso y nos dotaría de la infraestructura necesaria, pero no fue así».
Explica que en el mes de julio, las ratios estaban por encima de lo legal; la reducción del personal de apoyo a media jornada, la imposibilidad de hacer el programa de refuerzo y los apoyos a los alumnos vulnerables, la pérdida del jefe de estudios -y el que quedaba era para ser coordinador de COVID-, la imposibilidad de aplicar las medidas sanitarias en el Instituto con los medios de los que disponían, no tener un plan previsto a finales de junio, no tener una dotación de recursos económicos, ni tecnológicos, ni la modificación de los contratos de limpieza son los puntos que Raquel Perez señala en el escrito en el que ha anunciado su dimisión.
Una dimisión que seguro no es la única, debido a las condiciones en las que se están viendo obligados a trabajar en los distintos centros educativos de las distintas regiones.
Esta semana se abren las aulas en la mayoría de los territorios españoles y todavía hay familias que desconocen cómo actuar ante esta excepcional situación. Los docentes madrileños han requerido una reunión de urgencia con los responsables del gobierno de la comunidad para, si no se dan las condiciones necesarias, convocar la huelga que habían anunciado ya.
Una situación que apunta hacia una escalada en la tensión a medida que aparezcan casos positivos entre los alumnos y el personal docente una vez comenzado el curso escolar.
