martes, 05 de marzo del 2024

Maestros de Florida ganan la demanda que les puso el gobernador DeSantis

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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La Nbc informaba anoche de una sentencia que probablemente siente precedentes. Ante la problemática que se ha vivido desde que en el mes de julio se reabrieran las aulas en Estados Unidos, cuando aún la pandemia de COVID-19 no ha sido controlada, ha intervenido la justicia.

Concretamente, el Estado de Florida ha sido uno de los más afectados en cuanto al COVID-19 en las aulas se refiere. Los casos de contagio entre los alumnos se dispararon nada más abrir las clases.

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Ante la situación, en el condado de Hillsborough, siguiendo las recomendaciones de expertos en salud locales, se votó a principios de agosto para retrasar la reapertura de los centros escolares durante cuatro semanas. Ante esta decisión, la respuesta gubernamental fue la amenaza de perder 23 millones de dólares en ayudas mensuales que hasta ahora venían percibiendo.

En este sentido, el juez ha señalado en su sentencia la situación en la que se encuentran los centros escolares ante esta amenaza de pérdida de financiación gubernamental. Le da la razon a la principal demandante, la Asociación de Educación de Florida (el sindicato de maestros de Florida), contra los demandados: el gobernador Ron DeSantis, el comisionado de Educación Richard Corcoran y el Estado.

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Con esta sentencia, el juez anula el mandato estatal que exige la reapertura de las escuelas de manera presencial, considerándola inconstitucional. Sin embargo, sí permanece en el miso la redacción original del Estado, donde señala que “los servicios requeridos deben proporcionarse a los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes sin hogar, aquellos en hogares de crianza y otras poblaciones vulnerables”.

Además, el juez considera que su labor es de servicio público, señalando que las decisiones razonadas y basadas en datos en las condiciones locales “mitigarían la propagación de COVID-19 para la comunidad en general”. El juez deja en manos de los distritos escolares las cuestiones que afecten en este ámbito, eliminando la competencia a instancias superiores.

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El juez ha señalado que su decisión ante la emisión de una orden judicial temporal es “para prevenir lesiones antes de que ocurran daños”, señalando específicamente al riesgo que corren los maestros de sufrir daños irreparables”. El juez tuvo muy en cuenta las pruebas presentadas por el sindicato en las que se evidenciaban los casos de maestros que se han tenido que retirar debido a la falta de seguridad en sus puestos de trabajo, lo que les hacía tener que trabajar en condiciones que ponían en riesgo sus propias vidas.

La sentencia considera que las escuelas reabrirán en el momento más seguro y la reapertura se hará de manera paulatina a medida que mejoren las condiciones durante la pandemia de COVID-19, cumpliéndose el objetivo que las dos partes comparten: que los alumnos regresen a las aulas.

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