Otra cosa, muy distinta, es que algún alcalde tenga el valor de querer conocer su veredicto.
(Hola Bob, ¿te contestó el viento? Se lo preguntaste en 1963).
Antes de ayer, 15 de agosto, la portada matutina de “El País” decía lo siguiente:
“El Gobierno cierra la puerta a negociar su plan con los alcaldes. La ministra de Hacienda emplaza a los partidos a proponer cambios en el Congreso, pese a la falta de apoyos del Ejecutivo”.
Ese titular certificó que Sánchez, quizás porque la cosa se le estaba torciendo, había decidido romper la baraja que él mismo repartió días antes entre el Gobierno y los Ayuntamientos:
Antes de eso, había “conseguido”, entre otros “éxitos”, que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estallara por dentro al tener que recurrir su presidente, el socialista y también campeón mundial de alumbrados navideños Abel Caballero, a su voto de calidad para conseguir una victoria pírrica que puede ser el principio de la descomposición del principal bastión intermunicipal del régimen del 78.
Bienvenidos sean los errores que van cometiendo, ellos solos, los últimos restos de un bipartidismo imperfecto, pero corrupto y monárquico que se resiste a su propio fracaso, pero harían mal los ediles de los miles de ayuntamientos concernidos si decidieran quedarse esperando al resultado del siguiente round de los que se vienen librando entre Sánchez y Casado porque, a fin de cuentas, eso es lo que está ocurriendo.
Mientras tanto, los representantes locales de quienes pagarán el espectáculo, siguen ocupando un patio de butacas clavadas al suelo porque no son sino la imaginación que ellos mismos fueron petrificando a lo largo de cuatro décadas de acudir a las urnas cada cuatro años para lo de siempre, y hasta la próxima. ¿O acaso tenemos que buscar en el baúl de los recuerdos las veces que algún ayuntamiento ha convocado a los vecinos a decidir, o simplemente opinar, sobre algo en lugar de sobre alguien? Será fácil, porque son muy pocas. Eso sí, salvo los de esa Comunidad Autónoma rebelde en la que está usted pensando en este momento.
Creo que los ayuntamientos deben gobernar la parte que les toca del tsunami financiero provocado por el seísmo pandémico y fortalecerse implicando al vecindario en una decisión que será trascendental para su futuro, a no ser que se hayan vendido para siempre a los vientos cambiantes del poder central.
Ante el cambio de condiciones provocado por las batallitas para mantenerse en, o reconquistar, La Moncloa que están librando entre PSOE y PP, y cada uno con sus respectivos pero inestables aliados, los ayuntamientos deberían dar un golpe en la mesa y convocar referéndums o consultas populares antes de responder a un gobierno central que cada vez concentra, por la vía de los efectos colaterales, más poder real sobre la periferia.
No parece que los consistorios vayan a ser tan valientes como para aprovechar una ocasión única para defender y fortalecer la autonomía y la democracia municipal, pues este asunto lleva sobre la mesa el tiempo suficiente como para que algún alcalde de los varios miles convocados al juego de los 5.000 millones hubiera sido ya capaz de reaccionar con valentía, superando el miedo a pedir la opinión del pueblo y aprovechando la ocasión para renunciar por una vez al veneno del verticalismo político que termina por dominar a la mayoría de los que consiguen cualquier gramo de poder en esta España tantas décadas tan autoritaria. Que sepamos, nadie presentó en la FEMP la propuesta de colocar urnas en cada pueblo, y así evitar, o al menos aplazar, su crisis interna. Seguro que se habría filtrado a los medios.
Y tampoco hemos escuchado a tertulianos o analistas de toda clase de sensibilidades y categorías inventar la única acción política eficaz contra la apisonadora conducida a dos manos por el Gobierno y la oposición, ese ordeno y mando de arriba abajo que es el pan de cada día en nuestra política.
(Un paréntesis para pedir disculpas por si hay ayuntamientos que ya se están atreviendo o analistas que, en este caso, han defendido la democracia directa).
A la maniobra de Sánchez liquidando la negociación con las instituciones afectadas hay que añadir la actuación de Casado, ese líder joven, ambicioso, amoral y, por tanto, peligroso, ordenando a “sus” ayuntamientos que rechacen en bloque la propuesta con el único objetivo de debilitar al gobierno. ¿Acaso puede ofrecer desde la calle Génova algo a todos y cada uno de los pueblos en los que gobiernan los alcaldes del PP? ¿Acaso los alcaldes del PP han delegado en él la defensa de los intereses de sus vecindarios respectivos?
Mencionaremos ahora algunas de las evidencias que demuestran que los alcaldes deberían convocar consultas populares o referéndums.
- Es evidente que el 26 de mayo de 2019 se celebraron las últimas elecciones municipales en España y que aquel día nadie podía ni imaginar que en agosto de 2020 estaríamos en la situación que estamos.
- También lo es que ningún programa electoral de ninguna candidatura incluía propuestas para luchar contra la pandemia del Covid-19, y mucho menos sobre qué hacer con una propuesta de 5.000 millones o ciento volando como la que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
- Con esos antecedentes, es imposible que los ediles actuales puedan representar la voluntad de sus electores sobre algo que era inimaginable cuando fueron elegidos.
- Cada municipio es una realidad distinta y debe tomar decisiones sobre su futuro desde esa particularidad, al margen de los intereses que, a nivel estatal, puedan tener el PSOE, el PP o del resto de partidos. Por eso es por lo que se convocan elecciones municipales en lugar de nombrar delegados del gobierno en cada pueblo.
Ante una propuesta de “lentejas, o las tomas o las dejas” en un momento histórico, la mejor respuesta son miles de “fiestas de la democracia”, pero en este caso de la clase denominada “directa” y de ámbito local.
El solo hecho de que algunos ayuntamientos importantes anunciaran estas urnas provocaría tal conmoción en La Moncloa y en Génova 13 que la propuesta de los 5.000 o ciento volando sería automáticamente mejorada. Además, los alcaldes deberían aprovechar la paradoja de que, en este envite, cada uno de ellos se juega mucho menos que Sánchez, Casado y el resto de líderes estatales.
La ocasión es excelente para profundizar en la democracia. Convocadas las urnas, cada Ayuntamiento debería informar del estado de sus cuentas, y de las consecuencias, en su ámbito y únicamente en su ámbito, de votar a favor o en contra de la propuesta del Gobierno, que deberá ser concreta y más comprensible que cualquier recibo de la luz.
Esta movilización democrática tendría, de cara al futuro, un gran valor, sea cual sea el apoyo en el Congreso que consiga la propuesta definitiva de reparto de los 5.000 millones. Ningún gobierno se atreverá a modificar unilateralmente las condiciones ofrecidas a un Ayuntamiento que las haya aprobado en referéndum.
Y tampoco hay tanta prisa. A fin de cuentas, la propuesta solo es posible gracias a la Ley Montoro, que los ayuntamientos vienen padeciendo desde hace ocho años. Y Sánchez tiene los 140.000 millones que se ha traído de Europa. Seguro que puede aguantar.
Y, por si alguien se ha olvidado del teletrabajo que tanto proliferó durante el confinamiento duro, desde el menor hasta el mayor de los ayuntamientos puede organizar las votaciones de manera telemática, con total y absoluta fiabilidad en los resultados y garantizando una distancia infinita de seguridad para evitar contagios.
La reflexión para terminar
Las leyes no deben impedir aquello que expresamente no prohíben. Ya está bien de interpretar lo que no está escrito en la Constitución como si fuera el Código Penal y que los políticos que mandan desde Madrid se nieguen a actualizarla porque así, si dice siempre lo mismo, es mucho más fácil dominar al pueblo. Si los alcaldes se empecinan, las consultas populares o referéndums tendrán cobertura legal.
Si también en los momentos históricos tan decisivos como el de una pandemia los políticos de kilómetro cero son incapaces de pedir su opinión al pueblo, lo que terminará proliferando serán políticos intrigantes y corruptos que lo único que buscarán es conseguir y consolidar privilegios personales.
¿No es esta ya la realidad política de España tras cuatro décadas de monarquía con urnas?
Terminaremos de verdad en el digital que nos ha servido para abrir la sesión, pero la fecha es de hoy. Entrevistan a Iñaki Gabilondo en “El País” y con esta respuesta resuelve la última pregunta:
Pregunta: “¿Qué hacemos con la Monarquía?”
Respuesta: “El asunto es de extraordinaria gravedad y la erosión colosal. Temo que esto inicie un proceso de deterioro muy agudo y que se aceleren las cosas. Veo a la institución muy tocada. Como en un final de etapa. Encima, todo esto ha abierto un capítulo de vergüenza que ha degradado a mi generación públicamente. Se ha degradado él, ha degradado a la institución y con él nos hemos degradado los que acompañamos el proceso. Hemos sido desnudados y yo me siento avergonzado”.
Sin duda casualmente, la Casa Real ha emitido poco después un comunicado oficial informando que el amante de Corinna y padre de Felipe VI ha comunicado que se encuentra en los Emiratos Árabes.
Ningún momento mejor que el de una crisis institucional, o varias, del máximo nivel, para que la democracia avance con pasos de gigante en los ámbitos más cercanos a la ciudadanía.
