El objetivo de Pablo Iglesias tras las Elecciones del 28-A era la formación de un Gobierno de Cambio PSOE-Unidas Podemos que diera prioridad a la implementación del llamado Estado social y democrático de Derecho ya una regeneración democrática (mediante la extirpación del cáncer metastásico de la corrupción que habría fagocitado todos los estamentos del Estado español), unido con una reforma posibilista de la Constitución del 78. Sin embargo, tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, la mass media del establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática para desprestigiarlo sirviéndose de la dictadura invisible del miedo de la supresión de la propiedad privada ante medidas colectivistas presuntamente impulsadas por Pablo Iglesias (implementación de la renta mínima vital y nacionalización de empresas eléctricas y medios de comunicación).
Esta campaña de la mass media del establishment haría énfasis que Podemos estaría considerado por EEUU como de «filiación chavista» y que la adopción de estas medidas por el Gobierno podría reeditar «el caos económico de Grecia y Venezuela» con el objetivo confeso de provocar la salida de Podemos de Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la posterior formación de un Gobierno de Salvación PSOE-PP. Así, la estrategia del Bipartidismo español sería mantener vigente el Régimen del 78 frente al vértigo que suscita la utopía propugnada por Podemos, con el objetivo confeso de formar un Gobierno de Salvación PSOE-PP que se encargará de implementar un Estado monárquico, bonapartista y eurocéntrico, siguiendo la máxima del gatopardismo («Cambiar todo para que nada cambie») al estar la sociedad española integrada por individuos unidimensionales que no dudan en primar el «panem et circenses».
El siguiente paso en la estrategia para descabalgar a Unidas Podemos del actual Gobierno será recurrir al lawfare jurídico sirviéndose del Tardofranquismo judicial que tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).
Tardofranquismo Judicial vs Unidas Podemos
Susan W. Tiefenbrun en su tesis «Semiotic Definition of Lawfare» publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare (en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo. Con dicho término nos referimos al «abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad». Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, la «investigación prospectiva» (prohibida en España) así como crear indefensión.
En el sumario abierto por la nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez Escalonilla contra la cúpula de Podemos tras una denuncia presentada por el ex-abogado de Podemos, Jose´Manuel Calvente por «presunta financiación irregular», se darían los supuestos antes mencionados de investigación prospectiva e indefensión de la parte acusada. Así, el juez Escalonilla habría iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas al no haber encontrado indicios penales ni pruebas aportadas, aplicando en consecuencia la llamada «investigación prospectiva» (prohibida en España).
En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como «chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid» en el que manifiesta rotundamente que «no puede pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad».
Asimismo,habrían desaparecido más de 2 horas de la declaración del citado Calvente ante el juez en las que aparecían las preguntas de la Fiscalía y de los abogados de Podemos a Calvente en las que se desmontaban todas las premisas acusatorias del citado ex-abogado de Podemos, lo que crea indefensión para los abogados defensores de Podemos. Aunque será un proceso judicial de escaso recorrido jurídico, el verdadero objetivo de tal proceso sería dinamitar el Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos para implementar un Gobierno de Salvación PSOE-PP que contará con las bendiciones del establishment e implementará los drásticos recortes sociales en educación, sanidad, pensiones y sueldos de funcionarios exigidos por la Troika europea para evitar el rescate de la economía española.
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista
