Y si la justicia no es imparcial, ¿qué hacemos?

El Supremo ha dado hoy la razón a Arnaldo Otegi y todos aquellos que junto a él fueron condenados por el caso Bateragune (Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería).

Todos ellos cumplieron entre seis y seis años y medio en prisión por intentar crear un entorno de diálogo entre la izquierda independentista vasca, rechazando frontalmente la violencia y estableciendo un marco de debate político que dejase atrás para siempre la violencia.

Lo que sucedió en el juicio que les condenó ha dejado imágenes para la historia (las puedes ver en el video que adjunto a continuación.  Entre otras, observar cómo se pretende imputar palabras que Otegi no había dicho, que no se podían analizar porque la juez no entiende euskera y cómo se dirige la juez de la causa al acusado en ese momento. Es un pequeño detalle, una anécdota, en comparación con todo lo que supuso ese juicio. Un juicio que fue denunciado por la presunta parcialidad de la juez, algo que llegó a ser analizado en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde dieron la razón a Otegi y al resto de sus compañeros de condena.

Aquella sentencia, como decía, metió en la cárcel seis años a estas personas. A Otegi además le inhabilitó para que no se pudiera presentar a las elecciones hasta 2021. Mucho se debatió al respecto de la inhabilitación, de cómo debería interpretarse… El caso es que al llegar a Estrasburgo en 2018 se dictaminó que ese juicio no había cumplido con las mínimas garantías establecidas por el marco legal europeo. Se señaló que esa juez no se había comportado como debería haber hecho. Y se apuntó a que la sentencia debería ser anulada.

Eso es precisamente lo que ha pasado hoy: el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que dictó la Audiencia Nacional. Con esto decae la inhabilitación de Otegi. A toro pasado, claro, cuando las elecciones vascas se celebraron hace tres semanas. Quizás se podría haber esperado a que el Supremo resolviera para convocarlas… más que nada por garantizar la concurrencia justa de todos los candidatos, en «igualdad de condiciones»…. No, no. Había que darse prisa, según parece, por si el Supremo resolvía lo que ha resuelto, esto es, que Otegi se podría presentar a las elecciones si fueran la semana que viene. Pero hace tres semanas no pudo. Qué cosas.

Y ahora me pregunto: ¿qué pasa con los seis años de cárcel que han emanado de una juez que ha actuado sin imparcialidad? Sería bueno para todos hacer un ejercicio de empatía: que te condene una persona que se ha demostrado no ser imparcial, que te lleve a prisión, y que en prisión tengas que ver morir a tu madre, para más inri, no puede pasar por alto de nadie.

Otegi pedirá que le indemnicen, como es normal. Pero ahora cabría preguntarse si tenemos en nuestro sistema judicial mecanismos que nos protejan de las decisiones que pudieran ser arbitrarias de los jueces. ¿Hay que llegar hasta Estrasburgo para encontrar justicia? Parece que en algunos casos, sí. Y esto nos debería hacer pensar a todos que tenemos un problema muy serio en España.

No va de independentistas. Estoy harta de decirlo. Esto va de democracia, de justicia, de Estado de Derecho y Democrático. Y que aquí no se puede juzgar (o no juzgar) a la gente por quienes son, y no por lo que han hecho o no. Eso se llama «derecho de autor», que atiende a la persona en lugar de al supuesto delito. Eso era lo que hacían los nazis alemanes con los judios: por el hecho de ser judio se les juzgaba y condenaba de una manera diferente a quien no lo fuera.

Y esto, con los Derechos Humanos en la mano, incluso con la propia Constitución, no se puede hacer.