El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el Gobierno está «desbordado» y «pasivo» ante los rebrotes del Covid-19 y ha planteado un plan jurídico que incluye la modificación urgente de dos normas, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 y la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Según ha explicado, se trata de poder confinar y actuar de forma coordinada y con un mando único sanitario ante esa oleada de contagios, sin tener que recurrir al estado de alarma.
Así se ha pronunciado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Covid-19 creada por el PP, en la que han participado los vicesecretarios Elvira Rodríguez, Cuca Gamarra y Jaime de Olano, y las ex ministras de Sanidad, Ana Pastor y Dolors Montserrat. También han acudido los ex secretarios de Estado, Isabel Borrego y Mario Garcés, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, entre otros.
Tras asegurar que el PP quiere «ser útil» porque les pagan para «mejorar la vida de los españoles», Pablo Casado ha señalado que ahora mismo «la salud de muchos españoles está en riesgo» y su tranquilidad «se ha estrellado contra los rebrotes» que se están produciendo en varias comunidades.
Sánchez, «por detrás de los acontecimientos»
Según ha dicho, su partido lo que quiere es que el Ejecutivo «se mueva» y «actúe» ante los rebrotes porque «da la sensación de que el presidente del Gobierno, como pasó en marzo, vuelve a ir por detrás de los acontecimientos». En su opinión, hay «un punto intermedio» entre el estado de alarma y el cierre total de España, y «lavarse las manos», dejando la actuación en manos de las autonomías.
«Demasiado hemos sufrido en España como para tener que enfrentar una oleada de rebrotes. Ya 208 focos nuevos de contagios, con un Gobierno que vuelve a estar desbordado o pasivo ante lo que está pasando. Hay plan B, hay plan alternativo al cierre económico ruinoso de todo un país y al confinamiento que ha causado estragos en salud mental, salud física y en economía en todos los hogares españoles», ha aseverado.
El presidente del PP ha dicho que este plan alternativo que propone el Partido Popular se tiene que «asumir ya», por lo que ha pedido a Sánchez «más humildad», «menos autobombo«, «menos propagada» y «menos pasillos de aplausos», después del «exceso de triunfalismo» de los últimos días a raíz del acuerdo en Bruselas sobre los fondos europeos.
«Hay que tener la humildad para apoyarse en quien sabe, para remar todos juntos y evitar que la pandemia vuelva a afectar muy negativamente a nuestro país», ha enfatizado, para añadir que así lo plantearán los presidentes autonómicos del PP en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes.
Reformas legales
En concreto, Pablo Casado plantea modificar de manera urgente en «quince o veinte días», en el mes agosto, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986, que puede limitar derechos fundamentales y ya regula las «enfermedades contagiosas» en su artículo 1. A su entender, esa norma se puede «completar» para usarse sin acudir al estado de alarma de nuevo.
Así, propone modificar el artículo 3 de esa norma para «que incluya la realización de acciones preventivas en materia general y adopte la posibilidad de sometimiento a cuarentena, aplicación de otras medidas sanitarias para las personas sospechosas y sometimiento, aislamiento y tratamiento cuando así proceda, y la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».
Además, propone tratar la limitación del movimiento en esas zonas y las entradas y salidas, medidas que se tomarán «conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad». Según ha dicho, el PP registrará esta reforma legal en el Congreso para intentar que se pueda legislar en procedimiento de urgencia y con artículo único.
Casado ha señalado asimismo que, con el fin de ser «muy garantista» y para dar seguridad jurídica, el PP plantea la modificación de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 para cuando se decida la «reclusión forzosa en un domicilio» o el «internamiento hospitalario forzoso de un enfermo». Según ha agregado, la privación de un derecho tendrá que estar autorizada por el tribunal correspondiente.
Con esta reforma ha explicado que el PP quiere dejar claro que cuando sea una comunidad autónoma o el Gobierno de la nación los que limiten derechos puedan acudir al Tribunal de Justicia correspondiente o al Tribunal Supremo.
El presidente del PP ha afirmado que si partido está poniendo encima de la mesa un «plan B jurídico» porque quiere garantía de los derechos fundamentales pero al mismo tiempo «eficacia, rapidez, agilidad, seguridad y protección». «No encontraría ningún motivo para que el PSOE no se sentara con nosotros hoy mismo para tramitar este proyecto de ley de manera urgente», ha resaltado, abriendo incluso a apoyar a que se pueda incluir dentro de los decretos que se están tramitando como proyecto de ley.
Illa «desaparecido»
Ante los rebrotes en distintas autonomías, Pablo Casado ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de estar «desaparecido» en este momento, sin dar unas «instrucciones claras y precisas en el marco de coordinación de la legislación en vigor que le obliga a tomar la labor de dirección en materia de pandemias y enfermedades transmisibles».
También ha afeado a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, de no tener «una posición clara ante una crisis mayúscula» en el sector tras la recomendaciones de no viajar a España y la cuarentena impuesta por Reino Unido. Según ha añadido, esta última decisión «da la puntilla» al sector, que ya se estaba recuperando «con dificultad».
Pablo Casado ha criticado además que Fomento no establezca protocolos «eficaces» ante la llegada de turistas internacionales a los aeropuertos o que el Ministerio del Interior no esté actuando ante la llegada de inmigrantes que pueden estar contagiados por Covid-19 cuando es «su competencia» como sostienen algunos presidentes autonómicos.
El líder del PP ha indicado que su partido ha tendido la mano estos meses al Ejecutivo y ha hecho propuestas, pidiendo «test masivos», hacer «la mascarilla obligatoria» aunque entonces les decían que «era inútil», o rastrear los contactos a través de una aplicación con la huella digital sin que el PP «haya sabido nada más».
Finalmente, ha cifrado en 45.000 las personas fallecidas por coronavirus, frente a las cifras ofrecidas por el Gobierno, que no llegan a los 30.000. Según ha dicho, sus datos van en la línea con lo que dicen tres órganos «oficiales» del Estado, el Instituto Carlos III, la Seguridad Social y el INE. «Somos el país con más afectación por 100.000 habitantes, solo por detrás de Bélgica, que tiene un cómputo distinto», ha manifestado.
