El trato de “Rey emérito” lo puede anular el Gobierno con un decreto-ley porque no es un título

Si España fuera verdaderamente democrática y no tuviera diferentes varas de medir para sus ciudadanos, estaríamos hablado de otra cosa. El Gobierno puede revocar por medio de un real decreto el tratamiento de rey honorífico a Juan Carlos I que fue concedido en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy días antes de su abdicación.

Para ello, el Gobierno sólo tendría que anular esta norma, que es el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Diferentes constitucionalistas consultados por el diario Público, resaltan que el tratamiento de rey honorífico no es un título nobiliario, sino «un simple honor protocolario», un tratamiento que es revocable en cualquier momento por medio de otro real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.

El 13 de junio de 2014 el entonces rey Juan Carlos I firmó un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy por el que se disponía que «Don Juan Carlos de Borbón continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona» tanto en los protocolos del Estado como en los honores militares.

Este trato honorífico de rey, que popularmente se denomina ‘rey emérito’, fue concedido por el Gobierno de Rajoy «sin que las Cortes aprobaran, delegaran o autorizaran ese nombramiento», destaca la abogada Verónica del Carpio, quien defiende además retirar a Juan Carlos de Borbón el privilegio de formar parte de la Familia Real y de su registro civil privado.

Por otro lado, un catedrático coincide con Del Carpio en que el Gobierno puede retirar este trato de rey a Juan Carlos de Borbón con la promulgación de un real decreto. «El problema es que supondría un acto de humillación hacia su hijo, Felipe VI, porque este real decreto tendría que firmarlo. Esto es, su hijo tendría que firmar el equivalente a la muerte civil de su padre». Lo que se antoja que la democracia no lo será tanto por enésima vez.