La policía informó al fiscal sobre la compra del sistema de espionaje, pero decidió no abrir ninguna investigación

En esta pieza se da cuenta de que en noviembre de 2017 el diario Público reveló las pruebas documentales que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, había obtenido de manera ilegal el sistema secreto Pegasus en Rayzone Group Ltd (empresa con sede en Tel Aviv y vinculado al Grupo NSO). Haciendo uso de este software, el Comisario Villarejo habría hecho las grabaciones que forman parte de la Operación Cataluña.

 

La compra de este software, que sirve para espiar a través de los teléfonos móviles, habría sido denunciada al fiscal que investigaba el caso del Pequeño Nicolás, pero se opuso a abrir diligencias de investigación al respecto.

 

Esta información aparece en el informe que el Fiscal Alfonso San Román presentó el 1 de febrero de 2018, como respuesta a la Asociación Justitia et Veritas, quienes habrían presentado pruebas sobre la compra del material de espionaje. Pruebas que confirmarían que la compra se hizo fuera de la ley.

 

En la denuncia presentada por la acusación popular, según publica Público, puede leerse el siguiente texto:

 

«Que mediante el presente escrito aportamos documentación acreditativa que la antigua cúpula policial, conformada por el entonces Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía (DAO) D.EUGENIO PINO SANCHEZ y su jefe de gabinete Sr. JOSE FUENTES GAGO podrían haber dispuesto de la tecnología suficiente para interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes (smartphones) y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial a consecuencia de haberla adquirida a la empresa RAIZONE GROUP LTD «.

 

Pruebas presentadas

La acusación popular presentó pruebas entre las que se incluían documentos con membrete y sello del DAO, una serie de correos electrónicos con la empresa israelí especializada en espionaje informático a través de una «cuenta pantalla de email». Estos documentos demostraban, según la información publicada, que el máximo responsable de la Policía española habría encargado y adquirido con fondos reservados y sin autorización judicial los sistemas israelíes de espionaje de móviles de última generación.

 

El funcionario de Asuntos Internos declaró que fue obligado por sus superiores a crear una cuenta personal de correo electrónico desde donde poder cubrir a Pino y Gago en sus relaciones con el suministrador israelí.

 

Grabaciones ilegales tras la compra del software

La acusación popular denunciaba el hecho de que comenzaron a producirse grabaciones ilegales tras la compra del software. Señalan la grabación de las conversaciones entre el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex jefe de la Oficina anticorrupción de Cataluña Daniel de Alfonso Laso en el despacho del propio ministro los días 2 y 16 de octubre de 2014. Ambos afirmaron posteriormente no haber realizado la grabación.

 

También señalan la grabación, edición y difusión de la reunión mantenida entre miembros de la Unidad de Asuntos internos y componentes del Centro Nacional de Inteligencia.

 

Como señala Público, se trataría de una gravísima violación de la seguridad del Estado que aún debe ser juzgada.

 

El Centro Criptológico Nacional reconoció al investigar la grabación del ministro que el nivel tecnológico que había en España en ese momento no permitía saber si el delito se cometió mediante sistemas más avanzados (como los que utilizan en Israel, que son casi imposibles de detectar). El fiscal se opuso a que se investigara la posibilidad de que el teléfono móvil de Martín-Blas pudiera haber sido intervenido con este software comprado a los israelíes.

 

Villarejo, también

El comisario Villarejo habría tenido acceso a esta tecnología y la habría utilizado para intervenir teléfonos en operaciones ilegales privadas, por las que cobraba -como en el caso Tándem, o en la Operación Cataluña-.