Huye del cargo la presidenta del organismo que vigila los contratos públicos contra la Covid-19

Estamos ante otro posible caso de corruptela a nivel de Estado. María José Santiago, era hasta ahora presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) y algo importante ha visto sobe esa gestión, que creemos escapa a su persona, para que haya renunciado al puesto, tras solo dos años en el cargo, cuando tenía un contrato de seis. Esta oficina cumple dos funciones básicas: una de vigilancia de cumplimiento de la normativa en materia de contratación, lo que conlleva el velar por el cumplimiento de los principios rectores de la misma, concurrencia, publicidad y transparencia; y otra de coordinación de la función de supervisión de la contratación.

Santiago ha pasado a dirigir el área jurídica de la empresa pública Tragsa, tras unos meses volcada en la vigilancia de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario contra el coronavirus. Tal como avanza voxpopuli, El pasado 23 de junio la Oirescon presentó la última actualización del Informe Especial de Supervisión de la Publicidad de los Contratos Tramitados por Emergencia durante el Estado de Alarma derivado del Covid-19.

En el mismo se advierte que «existe una publicidad asimétrica», que hay «errores» en las publicaciones, «incoherencias», y llama la atención sobre la falta de medios del organismo. El último informe de la Oirescon sobre los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el coronavirus, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, advierte que, del estudio que se ha realizado. «cabe destacar que existe una publicidad asimétrica» de los datos presentados por las distintas administraciones.

La salida de Santiago se produce además en un momento en el que los contratos públicos firmados para combatir el coronavirus superan cifras de escándalo. Exactamente el informe del organismo supervisa 11.177 contratos tramitados por vía de emergencia publicados en las plataformas de contratación del conjunto del sector público, que suman 2.140,5 millones de euros. Y lo más grave, el organismo ha detectado «incoherencias respecto a las cifras indicadas en los campos de valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de adjudicación» según el último informe de esta oficina…