El Gobierno requerirá los secretos oficiales que ilegitivamente acumula la Fundación F. Franco

En pleno siglo XXI España sigue estando en una pseudo democracia. La Fundación Nacional Francisco Franco, en honor a la figura del dictador, es un ente inédito en la Unión Europea. Más aún cuando la fundación acumula una ingente documentación pública ilegitivamente, que hasta hace poco permanecía vetada a los historiadores. Los fondos incluyen además «sellos y marcas de Secreto y Reservado«, según reconoce el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet.

Así, parte de los documentos que conserva la fundación franquista «estarían afectados por el mandato de la normativa sobre secretos oficiales», apostilla la respuesta del Ejecutivo. La «mayor parte» de los fondos, provenientes de la Casa Civil de la jefatura del Estado durante la dictadura, están copiados digitalmente y disponibles en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. «Los documentos originales del Archivo Francisco Franco se custodian en la Fundación Francisco Franco», añade la respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de Compromís.     

«El Ministerio de Cultura y Deporte nunca se hizo cargo de la documentación, ni nunca tuvo un título jurídico o responsabilidad sobre esos documentos públicos que obran en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco, máxime cuando parte de ellos tienen sellos y marcas de Secreto y Reservado, es decir, estarían afectados por el mandato de la normativa sobre secretos oficiales», sostiene el Ejecutivo.

Tras la crisis de la pandemia de la COVID-19, segun indica eldiario.es y «tan pronto como sea posible», los ministerios de Cultura y Deporte y de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática retomarán las reuniones de trabajo bilaterales para la «recuperación de estos bienes públicos», deonde El Gobierno reclama a la Fundación Franco que deje acceder a 30.000 documentos del exdictador.

Los  150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003, como subvención bajo el mandato del PP, los empleó en digitalizar esos 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. El Ministerio de Cultura le recuerda a la fundación franquista privada, el caracter público que tienen esos documentos, cuya digitalización fue subvencionada por el gobierno de Aznar.

«No hay duda de que se harán las gestiones que correspondan para la recuperación de los fondos que obran en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco, suponemos que desde hace más de cinco décadas, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida de estos bienes muebles», concluye el Gobierno. Cualquier documento oficial relacionado con un mandatario público, pertenece al Estado, no a una fundación privada. Eso solo pasa en España.