La justicia que no llega a tiempo no es justa. Y a veces, más bien pareciera en este país que precisamente no interesa que llegue a tiempo para que las acciones de algunos queden impunes. Lo acabamos de ver con Billy el Niño, a quien no han debido tener tiempo de juzgar en estos cuarenta años de denuncias, y acabamos de verlo hoy de nuevo: el Supremo cubre un tupido velo sobre los casos de bebés robados en nuestro país.
Si la Audiencia de Madrid consideraba probado que el doctor Varela había cometido delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, también consideraba que los hechos habían prescrito. Se estaría hablando de casos que tuvieron lugar en la década de los años sesenta, así que, «allá penas». A la justicia le da igual ahora que haya personas que quieran conocer lo sucedido, que quieran denunciar un engaño, una barbaridad semejante como aquella. No, las cosas así «prescriben», y claro: si durante la mayor parte de tu vida no pudiste hacer nada porque el sistema -durante el franquismo- no te permitía bajo ningún concepto denunciarlo, el contador ha corrido en contra de las víctimas una vez más.
El Tribunal Supremo ha estudiado el caso, y la sala de lo Penal considera que la detención ilegal, que era el delito principal del asunto, no quedó suficientemente probada. O sea, que, si la Audiencia de Madrid hubiera considerado que no había prescripción, el Supremo le habría absuelto. De una forma o de otra, el doctor Varela, limpio de polvo y paja, como se suele decir. A pesar de que haya habido pruebas que convencieron a la Audiencia de Madrid de que este señor falsificaba documentación y, lo más grave, arrebataba el bebé recién nacido a sus madres para entregárselo a otras, la justicia no habría hecho nada. También es cierto que el doctor Varela ha fallecido ya, así que de poco serviría en este caso darle demasiadas vueltas a su condena, salvo por el hecho de que en este caso hay víctimas, hay hechos condenables y hay que sentar jurisprudencia sobre un asunto muy grave y muy serio que implica, a mi entender, a más personas que al ya fallecido doctor Varela.
Es importante sentar unas bases sobre estas cuestiones, puesto que la discusión jurídica ha girado, entre otras cosas, entorno al hecho de la prescripción: ¿desde cuándo comienza a contarse el plazo: desde que el bebé robado es mayor de edad o desde que conoce lo que hicieron con él?
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el hecho de que las pruebas hagan parecer que no se trataba de un «robo» sino de una entrega voluntaria. Es lo que la fiscalía le ha dicho a Inés Madrigal, la denunciante de este caso. Le han afirmado que las pruebas señalan que su madre biológica la entregó de manera voluntaria, aunque fuera de la ley. Algo que, teniendo en cuenta la capacidad de falsificar documentación en aquel momento, los engaños que han denunciado algunas mujeres -a las que les dijeron que sus bebés habían nacido muertos- y la constante entrega de los bebés a un determinado tipo de familias en detrimento de otro al que se los quitaban, este asunto deja mucho que pensar.
Alguno puede pensar que ha pasado «demasiado tiempo» y que por eso ya no toca remover estos asuntos. Se asirá a la excusa de la prescripción y de cómo hacer las cuentas, y «santaspascuas». Sin embargo, personalmente considero que se trata de un asunto de importancia radical: independientemente del momento en que se produjera la entrega del bebé. Este caso que hoy nos lleva al Supremo se produjo en 1968 pero el boom de niños robados se produce en nuestro país entre 1976 y 1983, según indica Maria José Esteso, autora del libro «Niños robados, de la represión franquista al negocio».
Maria José Esteso explica que el robo de bebés era una práctica común en la dictadura franquista. Pero no terminó con la muerte de Franco. Incluso podría decirse que durante la democracia, según afirma la autora, el rapto de recién nacidos continuó en las maternidades públicas y privadas. Se mentía a las madres, se falsificaba información alterando fechas, lugares, nombres, e incluso firmas de médicos que en realidad no existían.
Guillermo Peña es uno de los abogados que mejor conoce estos casos. El letrado afirma que «el boom del robo de niños y niñas se produjo entre los años 1976 y 1983» y afirma que en esta época la compra y venta de bebés se dispara, desconociendo el por qué. Según Peña, la Iglesia católica tendría mucho que decir al respecto.
Por el momento, como estamos comprobando, las administraciones miran para otro lado ante hechos lo suficientemente graves como para que desde el Estado se tomasen medidas al respecto. Hoy hemos vuelto a ver que desde la justicia no hay contundencia. Y muchos de los que probablemente estén leyendo esto no se hayan planteado por un momento cuáles son sus orígenes y quién es la madre que los parió.
