El Juzgado de lo Social de Teruel ha dictado sentencia condenatoria contra el Gobierno de Aragón, el Servicio de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al considerar que se ha vulnerado el derecho de los trabajadores y empleados públicos de Teruel al no haberles proporcionado los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para protegerse ante el COVID-19.
Fue el sindicato FASAMET (Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria) quien interpuso la denuncia y ahora la administración ha sido condenada por no haber atendido a los reclamos de sus trabajadores que solicitaban reiteradamente les fueran facilitados equipos de protección: gafas, guantes, gorros, calzas, hidrogel y contenedores para los residuos, mascarillas específicas, calzas entre otros.
En el escrito, la juez Elena Alcalde ha señalado que el Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos tienen el deber de proteger al personal que se encuentra trabajando a su servicio, ante los riesgos laborales que puedan sufrir desarrollando su trabajo. «La declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales ni tampoco la suspensión de los derechos a la prevención de riesgos laborales», ha sentenciado.
La Administración Pública alegó en su momento que se encontraban ante un caso de «fuerza mayor, imprevisible e inevitable», algo que la juez no ha admitido como argumento, señalando que «debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPIs para los sanitarios con la finalidad de protegerlos frente al riesgo de COVID-19».
Además, en la sentencia se reconoce expresamente que «los trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la COVID-19, y ello fundamentalmente por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente«.
Teruel no ha sido el único lugar donde se han iniciado procedimientos judiciales por la desprotección de sus sanitarios. En Huesca y Zaragoza también se han presentado denuncias que esperan resolución del juzgado.
Contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
