sábado, 20 de abril del 2024

El lobby de las farmacéuticas rechazó investigar en prevención de pandemias como el Covid-19

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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La industria farmacéutica, representada por el lobby EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas), ha guiado un presupuesto público de investigación de la UE de 2.600 millones de euros para el período 2008-2020 a través de la IMI (Iniciativa de Medicamentos Innovadores), pero hasta ahora no ha logrado invertir significativamente en áreas de investigación donde se necesita con urgencia financiación pública, afirma el informe.

Estas áreas incluyen preparación a largo plazo para epidemias (incluso causadas por coronavirus), VIH / SIDA y enfermedades tropicales desatendidas y relacionadas con la pobreza. En cambio, la industria farmacéutica usó principalmente el presupuesto para financiar proyectos en áreas que eran más rentables comercialmente. El poderoso lobby farmaeutico tiene tentaculos en todos los gobiernos del mundo para ser exigente.

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Las farmaceuticas rechazaron investigar pandemias como el Covid-19 porque había otros campos más rentables.

El estudio de las entidades sociales, al que ha tenido acceso eldiario.es, dibuja una estructura institucional de asociaciones público-privadas que consagra «privilegios y ventajas» para el sector privado y «deberes y obligaciones» para el sector público, como descuidar la preparación para una pandemia como hizo la Federación de Farmacéuticas en el seno de esta IMI en marzo de 2018.

La colisión entre los intereses públicos y privados en la IMI (especie de empresa mixta europea de colaboración público-privada pensada para «acelerar el desarrollo de medicamentos y el acceso de los pacientes, sobre todo en las áreas donde hay necesidades médicas o sociales sin atender), ya fue detectada por una evaluación interna independiente que indicaba en junio de 2017 que «los objetivos y las maneras de operar de la industria y el socio público parece que interfieren con la eficiencia a la hora de tomar decisiones».

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