Canadá se suma a los países que no ayudarán ante la pandemia de COVID-19 a las empresas con sede en paraísos fiscales.

Analísis B.T.- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado esta semana a la Cámara de los Comunes de Otawa, que aquellas empresas que tengan sus sedes fiscales en paraísos fiscales no se podrán beneficiar del rescate que el Estado ha previsto para las empresas damnificadas por la pandemia del coronavirus. Una sorpresa, porque precisamente la semana pasada dijo todo lo contrario. Defendía que suponía castigar a los empleados por las malas conductas de sus jefes. ¿Qué ha pasado para este giro? Pues que Trudeau gobierna en minoría y que esta medida ha sido una exigencia contundente que han puesto sobre la mesa el Bloque Quebequés y el Nuevo Partido Democrático. 

Se ha sumado así, Canadá, a los países que ya habían tomado estas decisiones previamente. Junto a Polonia, Dinamarca y Francia han tomado decisiones en el mismo sentido. 

Y todo apunta a que no serán los únicos, puesto que países como Italia o Bélgica ya se encuentran estudiando medidas similares, al igual que Suecia y Austria. 

¿Cuáles son los paraísos fiscales dentro de Europa?
Fue el consejero del Comité Económico y Social Europeo -uno de los órganos consultivos de las Instituciones Europeas, junto al Comité de las Regiones-, Javier Doz, quien puso el «cascabel al gato». Y lo hizo al señalar directamente a países como Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta y considerarles directamente como «paraísos fiscales dentro de la UE». 

Sucedió el pasado mes de marzo, precisamente en el marco en el que el CESE apostaba por aumentar a un 1,3% del PIB la aportación de estos paraísos fiscales a los presupuestos de la Unión Europea. Actualmente se destina el 1,1%. La diferencia no es para alarmarse, aunque supone un ingreso de unos 80.000 millones de euros, algo que no viene mal a una Europa en tiempos difíciles. 

La Comisión Europea, por su parte, cree que si hace falta buscar fondos, es «mejor» recortar en los Fondo de Cohesión y en la Política Agrícola Común -PAC-, o sea, escurrir el bulto de los paraísos fiscales y recortar de las ayudas que tanta falta hacen en regiones como la del sur de Europa. 
Y es que, según un estudio realizado por el 

Fondo Monetario Internacional, en colaboración con la Universidad de Copenhague, de cada diez euros de inversión extranjera directa, cuatro van a parar a empresas que no tienen actividad. O sea, que es dinero evadido, que no paga impuestos y que en la mayoría de los casos, en un 80%, cae siempre en bolsillos europeos o del Reino Unido.  

El Parlamento Europeo va en la misma línea que el CESE: es favorable a aumentar la aportación de aquellos países que no regulan las tributaciones de la misma manera que la mayoría, generando además dumping por ello. 

¿Y España, qué?

Pues, resulta que aquí se ha tenido que aprobar una Tasa Google como estreno del Gobierno. Por ejemplo. Y algo tuvo que ver con la situación en la que nos encontrábamos. 

Y es que, las principales compañías tecnológicas a nivel mundial, con enormes beneficios en 

España, han pagado 52 millones de euros en impuestos en este país. 

Por poner un ejemplo, Amazon facturó en España 426 millones de euros en 2018 y pagó el 1,6% de sus ingresos como impuestos. O Netflix que pagó 3.000 euros en concepto de Impuesto de Sociedades. Lo mismo que paga un autónomo o un empresario con ganancias de 24.000 euros al año, como señala Business Insider. O Apple, que facturó 422 millones y tributó con 10. 

Según un informe de Oxfam Intermon, las empresas del IBEX35  provocaron pérdidas fiscales al Estado por valor de 3.250 millones por haber desviado 13.000 millones de sus beneficios a paraísos fiscales. 
Como medida de referencia, durante esta pandemia de 

COVID-19, el Gobierno reforzó con 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios. Se adelantaron 2.800 millones de los pagos a cuenta de las Comunidades Autónomas para que pudieran hacer frente a las necesidades inmediatas derivadas de la pandemia. Se han destinado 400 millones a través de una línea de financiación del ICO para las necesidades de liquidez de empresas y autónomos del turístico. En esta cuenta llevamos ya unos 4.200 millones, aún nos queda para llegar a los 13.000 que se nos van al año. Las medidas dirigidas para ayudar a las familias, suponen 5.000 millones.

No se está hablando aquí de aumentar impuestos a las empresas por su volumen de ganancias en nuestro país. Se está hablando del dinero que dejan de pagar, por evasión de impuestos. Por lo que esos 13.000 millones de alguna manera, se han evaporado y han dejado de invertirse en el bien común de la sociedad. Así, cada año.