¿Pactos de la Moncloa en 2020 y con monarquía?

Disculpe que ponga en duda que la historia lo tenga previsto.

El 31 de marzo Santiago Abascal, alguien que sigue sin tener nada que perder diga lo que diga, reclamó un “gobierno de concentración” apoyado por PSOE, PP y Vox. Al poco, Pedro Sánchez se dio cuenta de la oportunidad que se le presentaba, probablemente después de que Inés Arrimadas y Joaquín Estefanía se refirieran a los Pactos de la Moncloa.

El gobierno celebra lo de la curva que se va enderezando como si la pandemia estuviera descontando sus últimas víctimas, pero, al mismo tiempo, no parece preocuparle el hecho de que España haya conquistado el liderazgo mundial en infectados y muertos por cada millón de habitantes. Posición de “privilegio” que no creo que abandonemos hasta el final de una “guerra” tan rara que incluso mueren algunos generales.

Pero la suerte está echada y el viaje de vuelta desde el confinamiento hasta la política lo protagonizará el debate sobre unos pactos parecidos a los que se firmaron el 25 de octubre de 1977. Aquellos de “la Moncloa” que cada cual puede contar como le parezca pues, a fin de cuentas, el pasado está disponible hasta para reescribirlo con intenciones no confesables.

Digan lo que digan quienes quieren que admiremos a los “héroes” de una transición de la que han sido sus principales beneficiarios, lo cierto es que los Pactos de la Moncloa se firmaron a los cuatro meses de la victoria de Suárez en las primeras elecciones generales sin Franco, pero convocadas bajo una normativa electoral aprobada por Suárez y calculada para ganarlas: la prueba de ello es que si el voto de cada español hubiera valido lo mismo al menos ese día, el 15 de junio, los franquistas reconvertidos de UCD y AP habrían conseguido 161 escaños en lugar de 181, los antifranquistas de PSOE, PCE y PSP 162 en lugar de 144 (a pesar de que los de Felipe González habrían conseguido 7 menos), y los partidos no estatales 27 en lugar de 25.

En ese caso, es probable que se hubieran firmado pactos en La Moncloa o en cualquier otro sitio, pero habrían sido liderados por un gobierno antifranquista, pues solo entre vascos y catalanes contrarios a la dictadura sumaban más de 20 escaños de los 27, lo que habría servido para componer una mayoría absoluta suficiente y quien sabe si un primer gobierno de coalición, algo imprescindible para para estrenar bien una democracia.

Pero repasemos a los líderes con “derecho a veto” ante esos pactos, un privilegio que desea cualquiera con ansias de poder.

Pedro Sánchez. Su problema es que España va a necesitar muchísimo dinero de Europa. Y para conseguirlo, nada mejor que ofrecer estabilidad. Mientras escribo “La Voz de Galicia” informa que “Merkel propone que España acepte un rescate con pocas condiciones”. En cualquier caso, todo hace pensar que Sánchez se siente fuerte.

Pablo Iglesias. Solo hay que leer lo último de Monedero para saber que Pablo comparte, como profesor de la Facultad de Políticas, un análisis crítico de los pactos de 1977. Pero si llegamos al final del mismo artículo tendremos claro también que UP apoyará a Pedro Sánchez, aunque sea a base de negar la evidencia: quienes pagaran más por menos serán ellos y no el PSOE.

Pablo Casado. Sigue jugando al “cuanto peor, mejor”, como hizo el Montoro que en 2010 le dijo a Oramas aquello de “que se hunda España…”. Sigo sin entender a la gente que dice que Rajoy no era tan venenoso como Casado, pues ambos se vuelcan cuando se trata de sacar beneficio de algún terremoto. Por tanto, el del PP solo se sumará al acuerdo si no lo hacen los catalanes, o si estos resultan públicamente humillados en la movida, algo imposible. A lo que no renuncia Casado es a repetir las consignas de la FAES, acusando ahora a Sánchez e Iglesias de buscar con el pacto un “cambio de régimen”. Y tampoco olvida practicar la demagogia simplista, aprovechando para convertirse en líder sindical y reclamar una paga extra para los profesionales sanitarios.  

Quim Torra. El deseo no confesado, pero que comparten todos los que están por la unidad de España casi a cualquier precio (solo en el “casi” estaría la diferencia entre unos y otros) es que la negociación de este nuevo pacto contribuya a romper un poco más la unidad conflictiva que mantienen los de Puigdemont y Junqueras. Y mientras los catalanes no firmen, ningún pacto se podrá llamar “de la Moncloa”.

Conclusión.

La España de aquellos años necesitaba que sus políticos aprendieran el abecé de la democracia mientras la practicaban, incluida la lección de “negociaciones y pactos”, pues venían de vivir cuatro décadas dominados por los asesinos del 18 de julio, de la guerra civil y la dictadura. Y para aprender practicando no se pueden buscar atajos.

En cambio, los buscaron. Entre otras cosas, con una ley electoral que les permitiera gobernar sin pactar. Y así ha sido durante 40 años. Gracias a la tergiversación “legal” de 40.272.178 de votos depositados en las urnas de las quince elecciones generales celebradas. En las del 15 de junio de 1977 fueron 3.487.691 los votos tergiversados que sirvieron para modificar el reparto de escaños descrito en el quinto párrafo.

Solo la desesperación que provocó el avance de los más franquistas, a las órdenes de un Abascal que ahora propone un “gobierno de concentración”, hizo reaccionar a Sánchez y a Iglesias para pactar en 24 horas el primer gobierno de coalición en 42 años de una misma ley electoral.

Es imposible probar que el déficit en educación democrática de nuestra clase política tenga una relación directa con la serie de decisiones que nos han aupado al liderazgo mundial de la pandemia, aunque tampoco lo contrario, pero el 11 de marzo me preguntaba a mí mismo, y también en voz alta, si el Coronavirus, que anunciaba el “todos unidos contra el virus y apoyando al gobierno” sería capaz de salvar la unidad de España.

Casi un mes después la respuesta parece negativa. Aunque durante todo este tiempo, y aún sigue, encontrar algo que no esté “contagiado” del Covid-19 nos obliga a bucear en los medios, lo cierto es que han ocurrido cosas que, precisamente, no han servido ni para consolidar la monarquía española, ni para españolizar independentistas.