El Tribunal Constitucional por fin podría ser investigado

Cuando una noticia acierta en el Talón de Aquiles de quien manda de verdad, sus protectores mediáticos y, por eso mismo, beneficiarios indebidos, la ocultan. Ciegos de dolor por el impacto, o por el miedo a que les llamen traidores, piensan que la ignorancia de los dominados fortalece al mandamás y todo seguirá igual.

Si en este momento fueran las 9 horas y 12 minutos de la mañana del día 11 de febrero de 2020 y usted eligiera el buscador Google para escribir estas cinco palabras:

Europa Press Tribunal Constitucional Procés

le aparecerían 36.300.300 resultados en 0,53 segundos, pero, como todo el mundo sabe, la primera página es la más importante.

La primero que aparece en esa página es un comunicado emitido el día 9, es decir, 48 horas antes, por Europa Press, que se titula así:

“El TC fijó la estrategia de aceptar recursos de presos del ‘procés’ para impedir internacionalizar el juicio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

El texto, que amplía y confirma el título, se puede consultar aquí.

Ante la evidencia de que el TC es una pieza clave en el entramado de los que mandan en España, antes llamados “casta”, y la sospecha, casi igual de evidente, de que esos magistrados han sido pillados en un renuncio que puede ser constitutivo de delito, lo importante ahora es saber en qué líneas aparecen, si es que aparecen, los protectores mediáticos del sistema. Como son excesivamente conocidos, no necesitan publicidad mencionando sus nombres.

En la primera página del buscador no aparece ninguno de esos medios. El único que se hace eco es El Nacional, de Catalunya, del bando adversario.

En la segunda página tampoco sale ninguno de los importantes. En cambio, aparece Vilaweb, también de los “otros”.

Y en la tercera página solo figura Diario 16, de ámbito estatal, aunque tampoco pertenece al “sistema”. Está aquí.

Definitivamente, ninguno de esos medios aparece en las primeras páginas de Google. Eso solo puede significar, o que han ignorado la noticia, o que la han incluido de tal manera que ni Google puede relacionarla con la realidad.

Me pregunto qué puede haberles cegado. ¿La violencia del impacto? ¿El miedo a romper confianzas de las que rigen en el contubernio?  Es necesario recordar que la fiabilidad de la noticia es máxima, pues no solo la ha distribuido Europa Press sino que, además, se ha calificado de “filtración”, lo que la refuerza.

Pero vayamos a los hechos.

Resulta que los presos políticos catalanes presentaron cerca de 50 recursos de amparo ante el TC a los pocos días de ser encarcelados, corría el último trimestre de 2017, y que el TC decidió aceptarlos todos, sin excepción.

Resulta también que, al tratarse de recursos de amparo, el TC tiene la obligación de priorizar sus resoluciones.

Resulta que, si el TC de España no hubiera admitido a trámite los recursos de amparo, los presos políticos catalanes hubieran podido acudir acto seguido al TEDH.

Pero lo que resultó en realidad, una vez admitidos a trámite, es que pasaba el tiempo y el TC no resolvía ninguno de los recursos, lo que provocó incluso que, a finales de 2018, varios de esos presos políticos iniciaran una huelga de hambre que se prolongó más de 15 días. Reclamaban las sentencias del TC para, en su caso, poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TEDH, tal como es el derecho de cualquier ciudadano europeo. El TEDH es un tribunal superior y, tal como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, puede convertir en papel mojado cualquiera de las sentencias de nuestro TC.

Por ejemplo, el TEDH nos llenó a todos de vergüenza cuando dio la razón a dos jóvenes que en 2007 habían quemado una foto del rey de España, declarando que tenían derecho a hacerlo en base a la libertad de expresión, mientras el TC español había mantenido las penas de cárcel de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.

A pesar del asco contra los magistrados del TC que me producen sentencias como la citada, que corrigió el TEDH, decido pensar que se trata de una más de las muchas excepciones autoritarias que adornan sus trayectorias y me pongo a investigar sus pautas con los recursos de amparo que les llegan.

Para ello, acudo al mismo buscador de Internet y lo primero que me ofrece es la “Memoria” de 2017, que el propio TC entregó al rey.  

De ese informe se deduce que solo el 1% de los recursos de amparo que se presentan ante el TC son admitidos a trámite.

Es decir, si el TC hubiera admitido a trámite uno solo de los recursos de amparo de los catalanes ya habría sido el doble de “generoso” que con el resto de españoles. Por tanto, al admitirlos todos fue infinitamente más “generoso”.

Salvo que, al no resolverlos, les causó una indefensión absoluta y la supuesta “generosidad” solo ocultaba maldad.

Porque lo que se ha sabido ahora, gracias a Europa Press, es que el TC admitió a trámite los amparos solicitados con la decisión previamente adoptada de bloquear su tramitación, y así mantener a los catalanes en el total y más absoluto desamparo.

Pero la cuenta atrás contra el Tribunal Constitucional de España ha comenzado.

A preguntas de Diana Riba, eurodiputada de ERC, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Linos-Alexandre Sicilianos, ha contestado que “los Estados tiene la obligación de facilitar a sus ciudadanos el acceso al TEDH”, y que, si los abogados de los presos políticos catalanes le hacen llegar una demanda contra el TC de España, investigará lo sucedido.

Si se demostrara la veracidad de la noticia difundida por Europa Press, todos aquellos que desde el TC urdieron o, directa o indirectamente, se implicaron en este plan malvado, deberían dar con sus huesos en la cárcel durante los mismos años a que han sido condenados los catalanes, pues les robaron su derecho a acudir a la Justicia que les amparaba.

Resultan abrumadoras las apariencias de asociación criminal para cometer delitos entre un número indeterminado de magistrados del Tribunal Constitucional de España y, si quien ha hecho llegar la noticia decide colaborar con la justicia, lo lógico es que los culpables paguen por sus actos.

Puede que esta vez sí haya quien pueda dejarlo escrito en una sentencia.