G. Boye, abogado de independentistas: «Quieren intimidarme pero no se saldrán con la suya»

Entrevista de @tonistrubellt y Nuria Bassa.– En los últimos tiempos el abogado del MH President en el exilio Carles Puigdemont, ha sido objeto de intervención de sus cuentas corrientes y de registros de su oficina (una de oficial, una de extraoficial). Se le atribuyeron en su día responsabilidades en el secuestro del industrial Revilla por parte de ETA, hechos que él siempre ha negado. Ahora, misteriosamente, casi treinta años después, se le piden indemnizaciones por hechos largamente prescritos y sin la petición explícita del afectado. ¿A qué obedece todo esto?

¿A qué atribuye la suspensión de sus cuentas corrientes en este momento concreto? Tiene que ver con su defensa de los imputados del Proceso?

Pienso que en España hay sectores muy radicales que están muy molestos con el trabajo que como abogado vengo desarrollando en la defensa del president Puigdemont y del resto de exiliados. Estos sectores reaccionarios, que se identifican con la peor época del franquismo, si es que hubo alguna época buena durante la dictadura, se encuentran instalados en posiciones muy poderosas aún, como son las altas instancias jurisdiccionales de España (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), así como en el interior de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Llevo diciendo desde hace mucho tiempo que en España no es que no haya independencia judicial, existe y es absoluta. El auténtico problema es que el poder judicial no tiene mecanismos de contrapoder o contrapesos que permitan exigir responsabilidades por sus actos. Además tienen una agenda política propia, lo que los transforma en actores políticos con un poder absoluto sobre todo lo que pasa en España.

¿A qué atribuye la entrada dos veces en su despacho, en los últimos tiempos, la última por parte de elementos no identificados?

Bueno, en la primera ocasión, el 21 de octubre de 2019, lo hicieron con una orden judicial para llevarse mis correos electrónicos y una copia de todo el contenido de mi teléfono. La segunda vez no se han identificado y se han limitado a revisar, una vez más, todo el despacho. Intentaron acceder al servidor del despacho que es donde ellos creían que almacenaba todo lo referente a la defensa del president Puigdemont. Se trata, en resumen, de claras advertencias que cuentan con el poder y la capacidad para hacer lo que quieran. Quieren intimidar a mí y a mi equipo pero no se saldrán con la suya.

¿Como califica la reacción de la Administración y de los organismos independientes de periodistas en estos actos?

Bueno, con respecto a la Administración creo que su capacidad de reacción es tan lenta que todavía no se ha percibido ningún tipo de posicionamiento respecto a actos tan graves. En cuanto a los periodistas, algunos sí lo han denunciado pero muchos otros o lo han silenciado o lo han tratado de criminalizar poniéndome a mí como responsable en lugar de víctima de unos hechos que en cualquier democracia se considerarían muy graves.

¿Cuáles son los retos inmediatos y más trascendentes en la defensa del Procés y sus imputados?

Ahora estamos trabajando, por un lado, en el tema de la solicitud de levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados catalanes por parte de Parlamento Europeo y, por otro, en la causa penal que se sigue en contra de los exiliados y la consiguiente orden europea para su detención y entrega. Tal como ha dicho Naciones Unidas, estamos ante una persecución política y esto se refleja en la forma en que está planteada la solicitud de suspensión de la inmunidad. No se pide autorización para procesarlos o enjuiciarlo los sino, simplemente, para encarcelarlos porque, según el Tribunal Supremo español, para enjuiciar tres eurodiputados, ellos no necesitan pedirle permiso a nadie.

¿Cómo ve estas solicitudes para el levantamiento de la inmunidad?

Nunca antes se había planteado en el Parlamento Europeo una solicitud de levantamiento de la inmunidad tan claramente atentatoria contra los derechos de los parlamentarios. Y no sólo eso, sino, además, contra la propia soberanía del Parlamento. Aquí no se trata de si debe enjuiciar Puigdemont, Comín y Ponsatí sino, simplemente, de encarcelarlos porque representan la resistencia no violenta de una minoría nacional, la catalana, que sólo pretende reivindicar sus derechos en el marco de la Unión Europea.

¿Cómo se sitúa este caso en cuanto a la lucha por la plena democracia en Europa?

La situación creada con este caso es fiel reflejo de lo que aún falta por recorrer para conseguir una Europa unida: entre otras cosas, una homologación de los códigos penales para que en unos países menos democráticos que otros, no haya conductas calificadas como delictivas cuando a el resto de países de la Unión no lo son. Este es sólo uno de los ejemplos de lo que está mostrando, sobre la realidad de España y las necesidades de Europa, el llamado «caso catalán» que yo llamaría «caso español» porque es en España donde está la decisión y no en Cataluña.