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#MarcaEspaña, o si se prefiere #EspañaGlobal fronteras afuera, está que se sale. El Estado español es uno de los que más sanciones e incumplimientos acumula dentro de los Estados de la Unión Europea. Son constantes las demandas, los requisitos y las multas que desde Bruselas van cayendo sobre España, sin tener en cuenta la lucha catalana en el exterior y los puñetazos en el vientre que han supuesto para la justicia española y los tentáculos de el Estado en general.
Pues, apenas comenzado el año, parece que la dinámica al alza de los incumplimientos españoles no se detiene. Si a principios del año pasado la Comisión Europea abría 13 nuevos procedimientos en España por incumplimientos y durante el año le recordaba que perpetraba una vulneración de las leyes de manera «sistemática» sobre la directiva de calidad del aire, en Reyes, ha emitido una nueva demanda.
En esta ocasión es por una infracción económica relacionada con la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Castilla-La Mancha. La Comisión Europea lleva años reclamando a España que recupere los 46 millones de euros en ayudas públicas ilegales concedidas a Telecom Castilla-La Mancha (CLM) y Cellnex (entonces filial de Abertis) para instalar la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio de TDT. De la solicitud ya se ha pasado a la vía coercitiva y el Ejecutivo europeo ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«El Reino de España sigue sin recuperar el importe de ayuda total del mayor beneficiario de la ayuda, es decir, Telecom Castilla-La Mancha, SA. El Reino de España no ha acreditado si se han interrumpido todos los pagos de la ayuda en curso después de la adopción de la decisión», asegura el recurso interpuesto por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE según narra el Confidencial.
Los 46 millones totales que fueron a parar a manos de la Junta de Castilla-La Mancha se fueron repartiendo de forma muy diferente según su finalidad entre la entonces Abertis y Telecom CLM. Si tenemos en cuenta que desde la primera afirman que sólo recibieron 719.000 euros (y que ya se devolvieron este verano), esto implicaría que la empresa local habría acaparado el 98,5% de todos los dinero.
La mayor partida, de 32,6 millones, se dio a las dos con el fin de que actualizaran la infraestructura de los ayuntamientos. No hay datos sobre cómo se repartió esta financiación entre ambas.
