La Audiencia Provincial de Álava dará a conocer este martes la sentencia del ‘caso de Miguel’, el mayor proceso por corrupción celebrado nunca en Euskadi, en el que se ha juzgado a los responsables de una presunta red vinculada a excargos del PNV y dedicada al presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
La vista de este martes ha estado precedida por un largo proceso judicial que se extendió a lo largo de casi todo 2018, en el que se juzgó a 26 personas por diversos delitos relacionados con la corrupción, que habrían sido cometidos entre 2005 y 2009.
En el transcurso del juicio, la Fiscalía mantuvo que la presunta red corrupta actuaba como una «mafia», que no dudaba en recurrir a las «coacciones» para obtener comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.
La presunta red -según mantiene el ministerio público- estaba liderada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel y otros antiguos cargos del PNV de Álava. El fiscal reclamó una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el antiguo diputado foral de Álava, al que considera cabecilla de la red.
Por su parte, los abogados de los principales acusados han basado parte de sus defensas en tratar de desacreditar la labor de investigación y recopilación de pruebas efectuada por la Ertzaintza, así como en cuestionar la veracidad de los testimonios y grabaciones efectuados por la empresaria que destapó la supuesta trama, Ainhoa Alberdi.
La Fiscalía atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que Alberdi –a la que la red habría extorsionado para abonar una comisión de 100.000 euros por un contrato público– denunció el entramado ante la Ertzaintza.
El ministerio público responsabiliza al exdiputado foral y antiguo dirigente del PNV de un delito de asociación ilícita en grado de dirigente, por el que solicita tres años de cárcel, así como una multa de 5.400 euros. Además, le atribuye un delito de blanqueo de capitales, por el que pide tres años de prisión y una multa de 346.980 euros.
Los otros dos principales acusados son los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes Fiscalía solicita 13 años y siete meses de prisión en cada caso.
En ambos casos les considera responsables de nueve delitos (prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo y coacciones). El ministerio público les reclama el pago de más de 600.000 euros en cada caso.
ESPOSAS DE LOS PRINCIPALES ACUSADOS
Por su parte, Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, se enfrentaba a una petición de pena de cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y Ochandiano (Iratxe Gaztelu) se enfrentan también a una petición de cinco años de cárcel. En el caso de Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla de la red, el ministerio público plantea una petición de tres años y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil.
Otros de los acusados son el responsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría, que se enfrenta a un año y nueve meses por un delito de coacciones; y el antiguo gerente del Parque Tecnológico de Álava Alfonso Arriola, para el que se solicita una pena de cinco años y nueve meses, por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial.
VICECONSEJERO
Para el exviceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco Gurutz Larrañaga, se reclama una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años, al imputarle la Fiscalía un delito de prevaricación continuada.
Por su parte, Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, se enfrenta a una petición de ocho años de prisión por delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
El ministerio público pide seis años y ocho meses de prisión para el empresario Jon Iñaki Echaburu, al que considera autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, prevaricación y tráfico de influencias.
En el caso de Sergio Fernández Oleaga, la pena solicitada se ha reducido a siete años y seis meses, como responsable de los delitos de coacciones, cohecho activo, falsedad en documento mercantil e inducción a la prevaricación.
Iñaki San Juan se enfrenta a siete años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
El escrito de la Fiscalía propone imponer seis años de cárcel a Josu Montes por asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.
El constructor Prudencio del Hierro se enfrenta a una petición de tres meses por un delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía solicita una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años para la exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo.
ACUERDOS Y ABSOLUCIONES
Josu Arruti Letemendia, uno de los acusados que en el transcurso del juicio que reconoció parcialmente los hechos que se le imputaban -afirmó haber recibido comisiones ilegales-, se enfrenta a una petición de 21 meses de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho pasivo.
Para su padre, Josu Arruti Odriozola, la petición de la Fiscalía es de nueve meses por un delito contra la hacienda pública y otro de blanqueo de capitales.
La Fiscalía solicita la absolución de Estíbaliz Arruti, hermana e hija de los anteriores, así como la los empresarios catalanes Joaquim Sabater y Ramón Tomás, «por no sostenerse la acusación contra ellos».
En el transcurso del juicio, el ministerio público solicitó, asimismo, que sea absuelto Gorka Errasti, marido de Estibaliz Arruti, al haber prescrito el delito de blanqueo de capitales que se le atribuía.
La Fiscalía también pide la absolución de los empresarios Francesc Fernández y Placid Casas, otros de los acusados que llegaron a un acuerdo con el ministerio público y que reconocieron haber pagado comisiones a la trama. La Fiscalía argumenta que el delito que se les imputaba ha prescrito.
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