Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d’Enric (Tarragona), han propuesto para los presos políticos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O, la clasificación de segundo grado.
Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Consejería de Justicia, Amand Calderó.
Este martes, las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron que se les aplicaría el segundo grado y anunciaron que el recurrirían, y desde JxCat, su abogado, Jordi Pina, mostró el firme convencimiento de que la clasificación debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad.
La decisión final, en manos del Secretario de Justicia catalán
El informe de estos funcionarios no es vinculante y, por tanto, ahora la decisión final depende de la conselleria de Justicia, en manos de ERC, y del secretario de Ester Capella, Amand Calderó, que tiene como tarea principal dirigir este tipo de competencias como la de promover, planificar y evaluar la formación y la inserción social y laboral de las personas sometidas a medidas penales.
Ahora, pues, puede hacer caso y aplicar el segundo grado o podría aplicar directamente el tercero. En caso de aplicar el tercero, el Estado español podría recurrir la decisión.
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