lunes, 15 de agosto del 2022

Carmen Calvo participó en la reunión que autorizó el préstamo por el que el juez investiga a Manuel Chaves

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Otro caso de corrupción política en Andalucia. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia en funciones, Carmen Calvo, participó en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizó (en 1999) el préstamo de 5.829.817 euros por el que el juez investiga ahora Manuel Chaves y otros cuatro ex consejeros (algunos condenados por el caso de los ERE), además del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, y otras nueve personas. Entonces, Calvo estaba al frente de la Consejería de Cultura en Andalucía. Lo ha avanzado ‘El independiente’.

El préstamo fue concedido a la empresa Campocarne Andalucía SA tras hacerse cargo de la actividad de otra compañía cárnica que había entrado en crisis. La amortización del crédito se realizaría con las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro para inversiones y creación de empleo, pero terminó dejando sin volver 3,75 millones.

Documento de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizó (en 1999) el préstamo de 5.829.817 euros.
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Según la Fiscalía Anticorrupción, la Junta que presidía Manuel Chaves dispuso «arbitrariamente» de fondos públicos «bajo el paraguas formal» de un crédito «sin sujeción a ningún procedimiento ni control para beneficiar» a una empresa concreta, lo que podría constituir la comisión de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. El análisis de la documentación lleva al Ministerio Público a concluir que «el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado». Una tesis que ha avalado el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que ha acordado la apertura de un procedimiento para investigar las circunstancias de dicho préstamo.

En caso de que el magistrado apreciara indicios delictivos en la actuación de Carmen Calvo, debería elevar exposición razonada con los indicios reunidos ante el Supremo para que fuera el Alto Tribunal que determinara si la investiga, dado que la vicepresidenta en funciones goza de aforo por su condición de número dos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Calvo y Chavez.
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