Un circo, el Estado español es un circo. Ya informábamos desde Las Repúblicas, sobre las millonarias reclamaciones que debía pagar el Estado español, tras la penosa gestión del Gobierno del PP de Mariano rajoy, en el que Soraya de Santa María fué su Vicepresidenta. Todo ello sin prejuicio de tocar el bolsillo en estos momentos a ninguno de los que urdieron esa pseudo ‘estafa, timo, fraude o farsa’ que ahora pagarán los españoles.
Ahora España no sólo ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a los inversores por los recortes del último Gobierno del PP en el tema de las energías renovables, sino que además debe abonar hasta el 75% de todos los gastos declarados por sus demandantes, que consideran vulneradas las «legítimas expectativas de ganancia» de sus inversiones.
Esto supone un total de 7,1 millones de euros, 4,9 millones por los gastos del inversor NextEra Energy, y 2,2 millones de euros por los que declararon Opera Fund Eco-Invest y Schwab Holding. Pero esto no acaba ahí, pues tecnicamente la cifra irá en aumento en próximas condenas.
En lo que va de año, según avanzaba el diario Público este fin de semana, los árbitros de inversiones del CIADI -dependiente del Banco Mundial- han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización -contando con las cifras disponibles, de sólo dos de los casos-. También deberá correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas causas.
Sólo en relación a estos casos, España tiene que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas -el 75% del total facturado- por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra -el 33% de la minuta-, en el que también participaron otros despachos.
En total, por lo pronto, debe reembolsar ya a los inversores honorarios del despacho por valor de 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos que resuelven ambos casos, analizados por ese diario. Un verdadero escándalo en el que nadie sale a la calle a reclamar juzgar a los ex populares responsables. No se concibe el alboroto si hubieran sido políticos catalanes.
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