25-N Día contra la Violencia Machista: España incumple todos los mandatos internacionales en los juzgados

España va por libre en lo importante. La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida de la discriminación de género. Según Amnistía Internacional en el estado español hay más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 de las que informa el Gobierno (1.027).

Cincuenta y un mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2019, una más que en todo 2018, según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, actualizado a 4 de noviembre. Pero en la violencia de género en España hay otras cifras ocultas, que van mucho más allá.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 -cuya amplia muestra la convierte en uno de los retratos de situación más precisos- , el 12,5% de las mujeres de 16 y más años han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. Ese porcentaje equivale a 2,5 millones de mujeres. Y la cifra llega al 24,2% (4,8 millones de mujeres) cuando los agresores incluyen además a otros hombres sin esa vinculación sentimental.

Según los distintos tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres ratificados por el Estado español, nuestro país está obligado a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual. Sin embargo, España está lejos de cumplir con estos mandatos con «la diligencia debida». Entre otros motivos, porque nuestra legislación no considera a la violencia sexual como una forma de violencia de género.

La única ley integral contra este tipo de violencias que promulgó nuestro país es la de Ley Orgánica de 2004, que reconoce como víctimas de esta violencia a las mujeres que hayan sido agredidas por sus parejas o exparejas. Es decir, que sólo cuando exista una relación sentimental entre la mujer y su agresor existen toda una serie de medidas previstas para su protección, su defensa o su bienestar físico y emocional, así como los fondos para asegurarlas.

Funcionen mejor o peor, a lo largo de los últimos tres lustros sólo se ha estudiado, analizado, recopilado datos, creado normas, organizado servicios de atención, creado juzgados especializados y destinado recursos económicos y políticas públicas para protejan a las mujeres y a sus hijos de las agresiones de quienes deberían amarlas.