El Parlament de Catalunya ha respondido a la represión del Estado. Las detenciones y prisión preventiva de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de preparar actos de terrorismo, ha desembocado en la aprobación de una moción a favor de la expulsión de la Guardia Civil de Catalunya.
En la segunda sesión del Debate de Política General (DPG), la Cámara catalana ha aprobado una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la se declara necesaria «la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil». La CUP ha apoyado la iniciativa, mientras que Catalunya en Comú-Podem se ha abstenido. Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra.
En el texto se afirma que la Benemérita «se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía».
Asimismo, se denuncian los «abusos de derechos civiles y políticos que no solo se han centrado en líderes políticos y sociales, sino que han abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, para atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta». Los impulsores solicitan la dimisión inmediata de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.
«Es manifiestamente incapaz, de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía», concluye, y pide parar las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que consideran prospectivas y que aseguran que hacen una utilización especulativa y arbitraria de los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo social y político, según el texto.
