Corrupción del PP: Doce de los acusados del Caso Blasco en el País Valencià llegan a un acuerdo con la Fiscalía

La Generalitat ha recuperado así 452.287,48 euros del daño patrimonial causado por doce de los acusados del PP en el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco, relacionadas con el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos en países en desarrollo, entre los que se encontraba la construcción de un hospital en Haití, ha explicado la administración valenciana.

Esta cantidad se añade a los 1.049.000 euros recuperados por la Generalitat en las piezas ya finalizadas relativas a relativas a las ayudas a la cooperación en Nicaragua. El dinero depositado corresponde a las responsabilidades civiles asumidas por doce de los procesados en la trama de desvío de fondos públicos, conforme a lo pactado por estos con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el juicio, ha detallado la administración.

Hay que recordar que el Caso de la Cooperación o Caso Blasco es el nombre con el que se conoce al caso de corrupción que se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, cuando era presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, en el que supuestamente fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalidad dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino

Las cantidades ya han sido consignadas por los acusados e ingresadas en la cuenta de la Generalitat, de acuerdo con las conformidades pactadas el pasado mes de julio, y están pendientes de la sentencia judicial del caso, prevista para el próximo mes de diciembre, momento en el que estarán plenamente disponibles por parte de la Generalitat, que los destinará a ayudas a la cooperación para el desarrollo.

El fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, representante del ministerio público en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un fallido hospital en Haití, presentó pactos de conformidad y preacuerdos con un total de 16 acusados de los 24 que se sentaban en el banquillo.

El exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, llegó a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal que implica una pena de tres años y seis meses de prisión. No obstante, la Abogacía de la Generalitat señaló en sus conclusiones definitivas en el juicio que las penas contempladas en los pactos alcanzados entre Fiscalía y gran parte de los procesados «no son justas» porque no caben las atenuantes de reparación parcial de los perjuicios y reconocimiento tardío de los hechos. Aseguró que los acusados formaban «una verdadera organización criminal».

Por su parte, en junio, Blasco empleó su derecho a la última palabra en el juicio para defender que no recibió «ninguna dádiva» y que «nunca» ha formado parte de «ninguna trama delictiva». Afirmó que respetaba el pacto de conformidad acordado con Fiscalía Anticorrupción. La Generalitat ha señalado que los doce acusados que han depositado el dinero han reconocido los hechos y han llegado a acuerdos para asumir las penas y responsabilidades exigidas por la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, y responder al daño patrimonial causado a la Administración por el desvío de los fondos.

El director general de Relaciones con Les Corts y responsable de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat, Antonio Torres, ha señalado que «los procesados que han suscrito los acuerdos han reconocido que formaban parte del entramado formado por responsables públicos, empresas y entidades sin ánimo de lucro que conformaron la estructura delictiva dedicada al saqueo de los fondos que la Generalitat destinaba a la cooperación con los países en vías de desarrollo».

Los acusados que se han sumado a los acuerdos de conformidad son, en su mayor parte, responsables de empresas y entidades sin ánimo de lucro que participaron en el entramado. En la trama juzgada se encontraba el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el antiguo jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. La Abogacía de la Generalitat no ha alcanzado acuerdo de conformidad con ninguno de ellos y «siguen sin resarcir el daño patrimonial causado y reclamado por la Generalitat», ha indicado la administración.

Está previsto que en breves fechas se incrementen las cantidades recuperadas por la Generalitat, ya que se encuentran embargados y pendiente de ejecución diversos inmuebles propiedad de algunos de los condenados en la pieza primera del juicio a la trama.

Es el caso de Rafael Blasco y la finca que posee en Aguas Vivas, así como dos apartamentos de lujo y un yate en Miami propiedad de César Augusto Tauroni y diversos inmuebles embargados de Marc Llinares y Alexandre Català. Todos ellos eran directivos o funcionarios con altas responsabilidades en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en el momento de los hechos juzgados.

«Tan pronto sea firme la sentencia, desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico se darán los pasos necesarios para que los fondos que en su momento se desviaron de los presupuestos destinados a cooperación, vuelvan a esta partida, y las cantidades recuperadas se destinen a proyectos de ayuda a países en desarrollo. Esta es una medida impulsada por el Consell presidido por Ximo Puig y que se plasmó en la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de 2017», ha destacado Antonio Torres.