La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el Govern ha acordado «emprender acciones legales» contra el informe sobre el proceso independentista elaborado por la Secretaría de Estado de la España Global, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Josep Borrell
En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consellera ha recordado que, pese a que el informe iba destinado a representantes diplomáticos de la Administración central, «es conocido que ha sido objeto de difusión entre periodistas, corresponsales y otros interlocutores internacionales».
El Govern considera que con el informe «se está perjudicando la imagen de Cataluña, especialmente en el exterior» y critica que con el documento se vulnere la presunción de inocencia de los encausados en el juicio del Tribunal Supremo por el impulso del 1-O.
Preguntada a Meritxell Budó por cuál es el delito que ven los servicios jurídicos de la Generalitat para llevar al Estado a los tribunales ha contestado: «Hay diferentes elementos que creemos que van más allá de lo que competería a un informe de un ministerio de Asuntos Exteriores».
El presidente Quim Torra dio instrucciones el 15 de agosto a los servicios jurídicos de la Generalitat para que se tomaran medidas legales contra el informe, y ahora el Ejecutivo catalán ha autorizado interponer un requerimiento previo a la vía contenciosa contra la comunicación pública del informe, y poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos «por si pueden ser constitutivos de alguna infracción penal».
«El requerimiento previo se está redactando y cuando lo tengamos lo facilitaremos. Va en la línea de demandar y pedir explicaciones a todo lo que afecta a la imagen y a la proyección de Cataluña», ha concretado la consellera.
El texto, de 72 páginas, recoge una cronología del procés independentista desde la Diada del 11 de septiembre de 2012 e incluye los delitos por los que los impulsores del 1-O están siendo juzgados, se explica el proceso penal y se defienden «la independencia y garantías del sistema judicial».
El documento pretende responder a las «falsedades difundidas sobre el proceso y la situación de Cataluña» en un formato concreto: se parte de una premisa que defiende el independentismo tachándola de falsa y se explica la versión del Estado calificándola de verdadera; en total se abordan 46 ideas.
Se asegura que es falso que en España haya presos políticos porque «ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas», y que los líderes independentistas como Junqueras se expresan libremente incluso desde prisión, asegura el documento.
El texto rechaza que la ONU defienda el derecho a los pueblos a la autodeterminación en España porque lo reconoce para «aquellos pueblos que han sido oprimidos o colonias, que no es el caso», niega que los independentistas representen mayoría catalana asegurando que las encuestas varían y recoge una encuesta de finales de 2018 en la que los partidarios a la independencia son menos que los que quieren seguir siendo parte de España.
Además, niega que la actuación policial del 1-O provocara más de mil heridos, no entra a valorar el número, pero asegura que solo tres personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de las cargas policiales; y se subraya que la consulta del 1-O «no fue un referéndum democrático».
Lo que es delito y lo que no
El documento afirma que no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado, pero sí lo es «desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatut, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente».
También se asegura que la prisión preventiva en la que se encuentran los políticos encarcelados responde a: «El riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Los jueces han tenido en cuenta que se han producido fugas y que los procesados aseguran que lo volverían a hacer».
