La ONU dictará si los jueces españoles deben investigar los crímenes del franquismo

España está siendo acorralada por la democrácia mundial. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo internacional fundado en 2006 “con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto”, será finalmente quien dictamine si los centenares de crímenes del franquismo que decenas de víctimas y trece ayuntamientos han denunciado ante los tribunales deben ser, o no, investigados por los tribunales españoles.

Según publica Público, las causas están comenzando a llegar al consejo, con sede en Ginebra, como consecuencia de la combinación de dos factores que están haciendo naufragar en cascada el recorrido judicial de las querellas y las denuncias en España.

Uno es la jurisprudencia establecida por el Supremo, el cual, en la sentencia por la que absolvía de prevaricación al exjuez Baltasar Garzón por haber puesto en marcha una investigación precisamente sobre el genocidio franquista, dictaminó que los delitos cometidos entre 1936 y 1977 por agentes de la autoridad y por funcionarios quedaban borrados por efecto de la Ley de Amnistía de 1977, una norma a la que los magistrados se refieren como “pilar básico e insustituible de la transición española”, o, en todo caso, estaban prescritos.

El otro es la posición que ha adoptado ante este asunto el Tribunal Constitucional, que ha comenzado a rechazar los recursos de amparo de varias de esas víctimas contra los sobreseimientos dictados por los jueces de Instrucción, con base en la doctrina del Supremo, con el argumento de que sus planteamientos jurídicos carecen de relevancia constitucional.

Eso ha ocurrido con al menos tres denunciantes de torturas a manos de Billy El Niño, con otros dos que imputan ese mismo cargo al expolicía asturiano Pascual Honrado y, también, con la causa impulsadas por el Ayuntamiento de Vitoria y la Junta General de ese territorio por la muerte de cinco obreros por disparos de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976. La cascada de denunciantes se espera sea abrumadora.