A pesar de las quejas por las ‘amenazas’ que dice que ha padecido, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no ha renunciado este agosto a pasar unos días de disfrute en Catalunya, donde mantiene fuertes vínculos personales y familiares y donde ha residido durante 30 años. Pese a la irreal amenaza de hostigamiento, el magistrado no ha querido perderse sus vacaciones y ceder al temor de escraches o molestias desde que asumió la instrucción de la causa del ‘procés’.
Eso sí, con un coste. la excusa de ese hostigamiento le sale cara al Estado. No ha preferido otro destino tras el vergonzante juicio a los Presos políticos y ha seguido manteniendo sus visitas a privilegiados entornos del territorio catalán. El magistrado ha limitado al máximo sus salidas fuera del área residencial donde ha permanecido junto a su familia durante 10 días y que ya ha abandonado para trasladarse a otro destino.
Según informan fuentes jurídicas, el juez ha permanecido durante ese periodo dentro de la urbanización donde ha residido. Contadas salidas a la playa o para acudir a cenas con amigos, nunca superiores a tres semanales, y siempre en compañía de cuatro escoltas. En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido el pasado año, no se han producido incidentes.
