Los injustos 1.000 días de prisión de los de Altsasu

La indignante e injusta situación de los jovenes de Altsasu cumple mil días. El contador que suma los días de prisión de Adur Ramirez de Alda Pozueta, Oihan Arnanz Ziordia y Jokin Unamuno Goikoetxea alcanza hoy los cuatro dígitos.

1.000 días entre rejas de tres de los ocho jóvenes de Altsasu condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 13 y 2 años por una trifulca de bar con dos guardias civiles y sus parejas una noche de ferias de 2016. Según noticiasdenavarra.com, para otros cuatro, Iñaki Abad Olea, Aratz Urrizola Ortigosa, Jonan Cob Amilibia y Julen Goikoetxea Larraza son ya 466 días en la cárcel.

La octava joven procesada no ha llegado a ingresar en prisión. “Cada día que pasan aumenta la crueldad de un proceso que será recordado como una aberración jurídica e injustificable”, señalan las madres y padres de los jóvenes, Altsasu Gurasoak, que durante todo este tiempo no han parado de pedir justicia y proporcionalidad para este caso. “Aunque sea tarde, todavía es posible parar esta injusticia en el Tribunal Supremo”, destacan.

Y es que el próximo 18 de septiembre se celebrará la vista del recurso de apelación presentado por las defensas, que piden la libre absolución de los jóvenes. “Si hay voluntad, están en el momento de parar esta locura y poner fin a tanto sufrimiento. Es el último cartucho”, observa Igone Goikoetxea, la madre de Jokin. “La sentencia del Supremo será firme.

El siguiente paso sería el Tribunal Constitucional, que podría inhibirse o dilatar el proceso antes de que llegue a Estrasburgo”, explica Bel Pozueta, la madre de Adur. Pero los padres y madres no quieren ponerse en esa tesitura y se aferran a no perder el último tren que supone el Tribunal Supremo.

“El relato, dado por bueno en las dos sentencias, relativo a la brutalidad de la agresión no es compatible con las lesiones efectivamente objetivadas, ni con los testimonios de 56 testigos y 11 peritos que declararon en el juicio oral y que han quedado completamente ignorados en las dos sentencias.

Por ejemplo, no se aceptaron videos donde no se apreciaba la sangre que los agentes alegaron, ni de ningún otro tipo de prueba. Hasta la jueza del caso estaba vinculada familiarmente con la Guardia CIvil.

«Pedimos que no se falte a la verdad de los hechos realmente ocurridos aquella noche”, incide Amaia Amilibia, la madre de Jonan. Así, ha comenzado una cuenta atrás de la que penden las vidas de los jóvenes. Mientras, la justicia española, se desmorona a pedazos…