Pagos por los servicios prestados

El pasado 05.03.2019 el Juez responsable del Juzgado  Togado nº 32 de Zaragoza, Ricardo Izquierdo Grima, INADMITIA la querella presentada contra el Capitán del Ejército del Aire D. M. C. por haber faltado a la verdad en un procedimiento sancionador.

Este capitán que en 2017 era el testigo principal en el que se basaba el Coronel Gamboa de la Calleja para sancionar a uno de sus hombres por no obedecer una orden, la cual no sólo no se dio nunca sino que de haberse hecho hubiera sido totalmente contraria a la norma, a día de hoy está trabajando para las aerolíneas españolas IBERIA.

Así el testimonio del capitán D. M. C., el cual ni siquiera estaba dentro de la línea jerárquica del expedientado, fue clave en aquel procedimiento, ya que como el mismo reconoció escribió el parte que dio pie a la incoación del expediente bajo las órdenes del Coronel Pedro Miguel Alfonso Hernández (segundo jefe de la Base Área de Zaragoza), quien presiono al capitán para que redactase el parte de manera que fuese lo más lesivo posible para la víctima.

Como hemos dicho esto sucedía en febrero del año 2.017, pues bien, sorprendentemente al capitán se le concede la obtención de la licencia de piloto del Airbus A-400 con un coste para el estado de 41.350 €, sin contar con una servidumbre que garantizase una amortización de esa inversión por parte del estado, y más tarde la concesión de una Excedencia por cuidado de un familiar (no siendo el único que utiliza este ardid) en agosto 2.018, recordemos que el Capitán D. M. C. mantiene un contrato vigente con la compañía IBERIA (tal y como asegura él), desde octubre de 2.018, todo un record en la carrera de este oficial.

Todas estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía del “Tribunal de Manipulación Castrense” (Tribunal Militar Central), que no quiso investigar la posible falsedad documental en la que hubiese incurrido este capitán del Ejército del Aire. De nuevo “el singular sentido de la justicia militar”.

Todo esto induce a pensar un pago de favores, por parte del Coronel Gamboa de la Calleja, al haber cumplido D. M. C. con su papel de cómplice indispensable para sancionar a un subordinado por una ORDEN INVENTADA, y de la que toda la cadena de mando era conocedora, incluyendo a la Ministra de Defensa Margarita Robles.