La Fiscalía del Estado pide prisión para un anciano que intentó detener un desahucio

La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión a un hombre de 73 años por un presunto delito de atentado contra la autoridad cuando trataba de detener un desahucio en Oliva (Valencia). Según ha avanzado el diario ‘La Voz’, el activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Joan Cogollos, se enfrenta también a la petición de una multa diaria de 15 euros durante dos meses.

Los hechos habrían tenido lugar en septiembre de 2018, cuando agentes de la Policía Local de Oliva y de la Guardia Civil acudieron a la ejecución de un desahucio de una familia de ocho personas (dos de ellas menores y otras dos , bebés de menos de un año) que ocupaba un piso propiedad de Bankia, que, a su vez, ignoró las demandas de negociación de la PAH.

Así, activistas se dirigieron al lugar, previa comunicación a la delegación del gobierno español, para protestar e intentar impedir la situación de desamparo de la familia. Joan Cogollos explicó que, aunque pensaban que la comisión judicial acudiría para hacer el proceso de tramitación habitual que les permitiría ganar tiempo antes de la expulsión definitiva, el desahucio acabó produciéndose gracias a la colaboración de los cuerpos policiales y sin que la familia ni siquiera pudiera recuperar todas sus pertenencias.

De hecho, él mismo intentó hacer de intermediario con la comisión judicial hasta que un agente de la policía local trató de impedírselo lo pidiéndole que se identificara. La activista también pidió al agente lo mismo, pero este se negó (tampoco su superior accedió a hacerlo hasta quince días más tarde).

Fue entonces cuando, según la acusación, el hombre de 73 años lanzó el policía contra la pared y le provocó un esguince. Cogollos defiende que en ningún momento mantuvo contacto físico con el agente y recuerda que su reacción en el momento de mayor tensión fue plantarse delante del policía y mirarle a los ojos. También niega, como dice el escrito de acusación, haber tachado el agente de «policía de mierda».

La misma pena de prisión que la Fiscalía pide a la activista también la pide contra dos de las personas que fueron desahuciadas, una de las cuales resultó herida durante la operación policial. Las denuncias fueron efectuadas por otro policía local y uno de los guardias civiles.