Ciudadanos también recurre ante el TC las fórmulas de acatamiento de la Constitución de diputados independentistas

Ciudadanos ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, avalada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara, de dar por válidas las fórmulas de acatamiento a la Constitución utilizadas por distintos diputados independentistas durante la sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo.

El partido naranja, que ha acudido a la Justicia por este motivo doce días después de que lo hiciera el PP, recurre el acuerdo de la Mesa del 23 de mayo, que determinó que no procedía revisar la decisión de la presidenta, y el del 20 de junio, que desestimó la reconsideración solicitada por su grupo parlamentario.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha acudido este miércoles a la sede del TC para presentar el recurso junto a los diputados Sara Giménez y Edmundo Bal.

Según ha indicado, lo que hicieron varios políticos aquel día para acceder a la condición de diputado fue «mofarse de la Constitución y de las leyes y humillar a todos los españoles» mientras Batet rechazaba actuar contra ellos y defendía que todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución fueron respetuosas con el Reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

«Se sienten muy impunes los separatistas, saben que son los socios prioritarios de (Pedro) Sánchez y, por tanto, se saben intocables bajo la protección del jefe de la banda», ha afirmado la portavoz, que, además, acusado a la presidenta del Congreso de ponerse «al servicio de los intereses» del presidente del Gobierno y líder del PSOE.

Roldán ha señalado que Sánchez quiere un país donde «puedes dar un golpe de Estado» en Cataluña –en referencia a partidos como ERC y Junts per Catalunya–, «luego te presentas como diputado del país que has querido liquidar, te mofas de la Constitución, haces trampas para no tener que acatarla» y, pese ello, acabas cobrando un sueldo público.

Fórmulas que «niegan el acatamiento»

Ciudadanos afirma en su recurso que, al permitir que esos diputados electos accedieran al cargo «sin cumplir los requisitos legales», los acuerdos impugnados «impiden o coartan ilegítimamente» la práctica de las facultades de los parlamentarios que sí cumplieron los requisitos legales del acatamiento y además contravienen la igualdad de los representantes públicos.

Según recuerda, una Resolución de la Presidencia del Congreso de 1989 establece que, si bien los requisitos legales deben interpretarse de manera flexible, «esto no conduce a admitir cualquier fórmula, incluso las que niegan el acatamiento».

Además, menciona sentencias del TC según las cuales la fórmula de expresión del acatamiento «no puede desnaturalizar o vaciar de contenido el acatamiento mismo, mediante cláusulas que supongan un fraude a la ley o priven de sentido al propio acatamiento», y ven exigible «la plenitud del acatamiento y la inadmisión de juramentos o promesas simulados mediante ritos que lo neutralizan o la desvirtúan».

Y eso fue, según la formación naranja, lo que ocurrió el pasado 21 de mayo en el hemiciclo del Congreso, cuando más de 20 diputados de partidos independentistas emplearon fórmulas de acatamiento en las que hicieron alusión a la «República catalana», el «mandato del referéndum del 1 de octubre» o «la libertad de los presos y exiliados políticos» (por los políticos separatistas procesados por el Tribunal Supremo en relación con el ‘procés’).

Ciudadanos considera que de esa forma introdujeron «condiciones notoriamente inconstitucionales» y argumenta que «no es posible, en términos lógicos y jurídicos, manifestar acatamiento» de la Carta Magna «y, al mismo tiempo, manifestar justo lo contrario».

Por ello, considera que esos diputados independentistas accedieron al cargo «sin cumplir con el requisito reglamentario» y pide que vuelvan a hacer el acatamiento conforme a la doctrina constitucional. Mientras no lo hagan, «se habrá de considerar que no disfrutan en plenitud de la condición de diputados a los efectos del ejercicio de sus derechos y prerrogativas», añade.