Lejos de la visión de una República caótica, salvada por unos militares patriotas, lo cierto es que la derecha política tuvo como objetivo, desde el primer momento, derrocar la República. Repartir responsabilidad, como hacen los «revisionistas», es una auténtica temeridad a tenor de las nuevas investigaciones.
Las interpretaciones dadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 han sido de lo más variopintas desde el momento en que se produjo. Y desde ese momento se ha generado un intento de justificación de la razón por la que un grupo de militares, con apoyo de algunos elementos civiles, se sublevaron contra la República legítimamente constituida.
El difícil primer bienio (1931-1933) tuvo como objetivo matar la República. El ambiente de festividad que trajo la Segunda República fue acompañado por los primeros movimientos para derrocarla. Cierto que Alfonso XIII marchó al exilio. Cierto que las fuerzas de orden público no hicieron nada para impedir la proclamación de la República. Pero figuras monárquicas, algunas de las cuales habían tenido cargos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera, se reunieron en la misma noche del 14 de abril de 1931 en la casa del Conde de Guadalhorce.
A dicha reunión, junto con el propio conde que había sido ministro de la dictadura, acudieron el Marqués de Quintanar, José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, Yanguas Messía y Vegas Latapié. En dicha reunión ya se juró como objetivo liquidar la República lo antes posible. Aquí se entiende la agitación que los monárquicos tuvieron en los primeros momentos de la proclamación republicana en contra del propio régimen.
Gracias a las leyes de libertad de asociación republicana, esos conjurados pronto constituyeron un Círculo Monárquico, cuya sede estuvo en la calle de Alcalá. Y muchas personalidades partidarias del rey destronado le visitaron en Roma (Juan Ignacio Luca de Tena, el conde Gamazo, Gabriel Maura, etc.).
Tampoco se puede decir que la Iglesia actuara para dar paz en la República. El cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, llegó a decir que “la maldición bendita caiga sobre España si llega a consolidarse la República”.
Frente a unas medidas moderadas en materia religiosa por parte del gobierno republicano, la Iglesia le plantó batalla a la República desde el primer momento a través de sus asociaciones (Acción Española) o desde sus medios de comunicación (El Debate).
La laicización del Estado y la sociedad, así como de la educación, bastión de la Iglesia católica, no fue bien acogida por la mayoría del catolicismo español. Hablar de violencia anticlerical antes de la guerra es complicado, teniendo en cuenta que sólo durante la movilización en Asturias en 1934 se produjeron asesinatos de sacerdotes. En el resto del periodo no hubo víctimas en el clero. La Guerra Civil marcó un cambio en este aspecto.
Tampoco extraña la virulencia con la que los cuerpos de seguridad de la República actuaron contra las movilizaciones obreras, motivadas por la lentitud de las reformas y la premura de la búsqueda de soluciones.
Las fuerzas de orden público no fueron depuradas por las instituciones republicanas y en su seno actuaban elementos represores que venían de otras épocas. Aquí hay que inscribir los sucesos de Arnedo (La Rioja) o Castilblanco (Badajoz).
Para remediarlo, la República promulgó la creación de la Guardia de Asalto. Pero en ese cuerpo acabaron personajes como el capitán Rojas Feijespán, elemento derechista y ejecutor de la masacre de Casas Viejas.
La Sanjurjada
El hecho más destacado del primer bienio fue el intento de golpe de Estado que el general Sanjurjo encabezó el 10 de agosto de 1932. En dicha conspiración participaron viejas glorias monárquicas: Barrera, Cavalcanti, Fernández Pérez, Sáinz de Lerín, etc.
La conspiración fue un fracaso. Solo en Sevilla el golpe tomó visos de triunfo. Pero la movilización obrera y el fracaso del resto del plan hicieron caer las pretensiones de los militares golpistas. La República se había salvado.
¿Fue el único intento? No. Los monárquicos alfonsinos y carlistas tenían en mente golpes y conspiraciones que no llegaban a fraguar. Nombres como los de Burgos y Mazo, Víctor Pradera, Esteban Bilbao, el Conde de Rodezno, Lamamié de Clairac, etc., estaban metidos en dichas conspiraciones.
Además, en ese tiempo comenzaron a emerger los grupos de carácter fascista o fascistizante que, como el Partido Nacional Español de José María Albiñana, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas de Ramiro Ledesma Ramos o la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, tenían como objetivo prioritario matar a la República.
Victoria del Frente Popular
Que la República era una democracia normal lo demuestra que, cuando en noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales, las candidaturas de derechas representadas por la CEDA y el Partido Radical obtuvieron la victoria. Y aunque la trayectoria republicana de los radicales era innegable, la lealtad republicana de la CEDA está en entredicho. El bienio de la derecha intentó derogar parte de las medidas del primer bienio.
El hito represivo del momento fue la huelga general de octubre de 1934. La intervención del Ejército de África en la represión en Asturias, con el beneplácito del Gobierno, marcaba un macabro precedente. Militares que serán protagonistas en julio de 1936 ya participaron en dicha represión. Francisco Franco o López Ochoa son ejemplo de ello.
La derecha, en vez de depurar responsabilidades por las barbaridades que el Ejército cometió en la represión asturiana, continuó con la tarea de presentar a la izquierda como golpista, encarcelando a sus dirigentes y militantes y presentando la huelga general y los sucesos de Asturias como el precedente del “bolchevismo en España”.
A esta política represiva se unió una serie de escándalos de corrupción que acabaron con el gobierno de la derecha y la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Un Frente concebido como coalición electoral, pero en el que los partidos obreros no iban a tener incidencia en el gobierno.
El Gobierno que salió de esas elecciones estuvo en manos de partidos republicanos como Izquierda Republicana o Unión Republicana, nada sospechosos de bolcheviques o anarquistas. Lo que sí se dio en aquel momento fue una aceleración de los procesos que, como la Reforma Agraria, eran una asignatura pendiente. Movilizaciones entendidas y manipuladas por parte de la derecha como el antecedente de una revolución comunista para predisponer a la población a la necesidad de un golpe de Estado.
El caldo de cultivo
No hubo que esperar a la confirmación oficial del triunfo del Frente Popular para que la derecha pintara la nueva situación con tintes apocalípticos. La CEDA había alertado de que, si triunfaba la izquierda, las consecuencias serían “armamento de la canalla, incendio de bancos y casas particulares, reparto de bienes y tierras, saqueos, reparto de vuestras mujeres”.
Tras las elecciones se publicaron panfletos apócrifos con listas negras de gentes de orden a las que se aplicarían las guillotinas ocultas en las Casas del Pueblo. Hubo amenazas de cierre patronal, se detectaron fugas de capitales y retirada de fondos bancarios.
El general Franco solicitó al jefe de Gobierno saliente, Portela Valladares, que no entregase el poder a los ganadores. Contrariados en sus propósitos, los militares, con Emilio Mola como “director”, activaron la maquinaria de un golpe de Estado con seguro a todo riesgo: cada uno de sus cabecillas recibió del banquero-contrabandista Juan March la promesa de un millón de pesetas depositado en una cuenta extranjera si la intentona fracasaba.
El peso fundamental de la trama civil corrió a cargo de los monárquicos. Su líder, José Calvo Sotelo, no era, como se dice, el jefe de la oposición. Renovación Española solo tenía doce de los 473 diputados de las cortes republicanas, es decir, un pobre 2,5 %. Pero contaba con el apoyo de Mussolini a través del ex rey Alfonso XIII. Los falangistas, sin representación parlamentaria, crearon mediante el terrorismo contra militantes izquierdistas, magistrados y oficiales de los cuerpos de seguridad el clima de alarma propicio para una intervención militar. Gil Robles, cuyas Juventudes de Acción Popular se estaban pasando en masa a la Falange, remitió a los conspiradores medio millón de pesetas del remanente de su presupuesto electoral.
El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, se invocó tradicionalmente como el Rubicón de los conjurados. Sin embargo, se sabe que la primera directriz de Mola para la planificación del golpe tenía fecha del 25 de mayo; que Franco había sido encargado de dirigir la conspiración en Canarias el 24 de junio; que el 1 de julio, el monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó contratos con la Società Anonima Idrovolanti Alta Italia para el suministro de unos 40 aviones –cazas, bombarderos e hidroaviones– con su combustible, 12.000 bombas de dos a 50 kg, ametralladoras y munición por valor superior a 39 millones de liras, aportadas por March; y que el 9 de julio, el periodista de ABC, Luis Bolín, contrató el Dragon Rapide y los servicios de su piloto, un espía británico, para llevar a Franco desde Gran Canaria a Tetuán y liderar la sublevación en el protectorado de Marruecos.
Un solo obstáculo se interponía en su camino entre Tenerife, donde Franco se encontraba alejado por el gobierno, y el norte de África. Se trataba del general Amado Balmes, gobernador militar de Las Palmas, contrario a sumarse al levantamiento.
Pero el 16 de julio Balmes murió a consecuencia de un absurdo accidente durante unas rutinarias prácticas de tiro. Franco pretextó su asistencia al entierro para viajar sin levantar sospechas. Da que pensar si fue esta oportuna y sospechosa muerte la que jalonó el inicio de su marcha hacia el poder absoluto tras otras desapariciones azarosas —las de Sanjurjo y el propio Mola— y la masacre contra su propio pueblo en una guerra larga e inclemente.
Mitos sin fundamento
Los golpistas siempre pretextaron que la sublevación fue la respuesta al clima de violencia del periodo republicano y a un inminente levantamiento comunista.
Respecto a lo primero, los estudios más recientes estiman en 2.629 las víctimas de la violencia social y política entre 1931 y el 18 de julio de 1936, una media de casi 1,5 muertes diarias. Pero no se produjeron a un ritmo constante.
El periodo en que gobernaron los partidos de derecha fue el más mortífero: 1.550 víctimas no fueron causadas por las milicias marxistas o los grupos de acción ácratas, sino por las fuerzas de seguridad del Estado que, a su vez, sufrieron 455 bajas.
Ello desmiente que la República fuera tolerante con la violencia política. De los 530 individuos cuya afiliación se ha identificado, dejando aparte octubre de 1934, 484 pertenecían a partidos o sindicatos de izquierda. El Estado, pues, conservó el monopolio de la violencia y lo empleó contra aquellos que pusieron en cuestión el orden establecido. Con mayor eficacia, por cierto, que contra quienes conspiraban para derribarlo.
Finalmente, el 18 de julio una parte del Ejército, en complot con parte de la sociedad civil, dieron un golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil y que terminó con la victoria golpista y la instauración de una dictadura que sumió a España en una larga noche.
