Las investiduras largas tienen sus ventajas.

Entre diciembre de 2015 y abril de 2019 se han celebrado tres elecciones generales en España. Es decir, una convocatoria cada 14 meses. Y aún no es posible descartar las cuartas en noviembre, justo cuando se cumplan cuatro años.

De esta situación podemos responsabilizar:

A) Al electorado, porque no sabe votar.

B) A los políticos, porque no saben o no quieren pactar.

C) A los políticos otra vez, porque no saben elaborar leyes que faciliten los pactos.

Pero lo que en ningún caso procede es ponerse nerviosos. Muchos periodistas, y también bastantes políticos de partidos sin posibilidad de tocar poder tras el 28 de abril, están creando un alarmismo interesado en lugar de hacer el menor gesto a favor de la gobernabilidad. Porque en España, el país con menos años de democracia de Europa Occidental, lo que sigue prevaleciendo es el teatro del enfrentamiento entre los mismos que también son capaces de tantas corrupciones y tantos autoritarismos en comandita.

¿O ya se ha derogado la Ley Mordaza y yo no me he enterado de nada?

En mi opinión, estar durante algunos periodos de tiempo con gobiernos en funciones es algo perfectamente soportable. Varias son las razones.

En primer lugar, siguen funcionando la Educación, la Sanidad, las fuerzas de seguridad, las multas para recaudar y todo lo demás, sobre todo Hacienda.

En segundo lugar, los nuevos gobernantes entran a veces con tal impulso que son capaces de crear atmósferas irrespirables en un tiempo récord. Véase Madrid Central y hasta un juez teniendo que vestirse de médico de urgencias para cuidar la salud de mayores y pequeños. Los irresponsables de PP, Cs y Vox parecen haberse puesto de acuerdo a toda prisa en Madrid solo para cargarse la medida estrella de Carmena, que cometió el error de no aplicarla al comienzo de la legislatura.

Otra consecuencia muy positiva de los periodos prolongados de negociación de investiduras es que los tertulianos tienen mucho material para especular y los periodistas mucho trabajo, lo que sin duda favorece la reducción del desempleo en el sector de los medios de comunicación.

Además, y como el propio concepto de “periodo de negociación” indica, solo se aprende a negociar y a pactar si estás realizando prácticas de negociación y pacto. Una vez que has conseguido el gobierno, la prioridad es utilizar los resortes del poder para conseguir que los demás no puedan censurarte con consecuencias fatales.

Por último, y no es el menor de los efectos positivos, la inseguridad durante los periodos de negociación de investiduras que siente cualquier político provoca una reducción exponencial de las corrupciones, pues nadie sabe a ciencia cierta con que contratistas públicos, corrompibles o corruptores, tendrá que negociar los importes de las comisiones oscuras en los reservados de los restaurantes caros. Todo presunto, por supuesto. De manera automática se cumple una versión “ad hoc” de aquella sabiduría popular tan conocida que dice que, si no existe ocasión, tampoco hay peligro.

Si el CGPJ realizara una estadística con las fechas precisas en las que se han ido fraguando los delitos de corrupción durante estos 40 años de monarquía restaurada por Franco, seguro que será mínimo el número de políticos implicados que en el momento del “crimen” no estuvieran disfrutando de poder institucional efectivo.

Pero debemos ser honestos y, además, proponer soluciones. A pesar de las ventajas que acabamos de exponer a favor de los periodos provisionales, no queremos que prolifere esa pulsión hacia la anarquía feliz que todos llevamos dentro.

Nos preguntamos, ¿no será mucho más eficaz, y económicamente rentable, que senadores y diputados electos dejen de cobrar sus sueldos desde la fecha que les corresponda tras las urnas hasta que firmen el acuerdo para formar gobierno?

La idea se nos ha ocurrido en cuanto hemos oído a Pedro Sánchez decir que propondrá una reforma constitucional para facilitar las investiduras. Al ritmo de reformas que llevamos en España, significa que estarán de 20 a 30 años dándole vueltas a una idea que, al final, terminarán convirtiendo en una ley que, como también nos recuerda el sabio, incluirá más de una trampa.

Toda reforma legal que no obligue a los partidos a negociar insistirá en el defecto principal de las élites de España: el autoritarismo.

La solución es muy sencilla. Respeto total a la igualdad que proclama la Constitución y que todos los votos introducidos en cualquier urna se conviertan en la misma cuota exacta de poder parlamentario. Así de sencillo. El mapa político de los españoles en las urnas nunca se ha traducido fielmente al mapa del Congreso porque, de lo contrario, no se habría producido ninguna mayoría absoluta. Y después, que los partidos aprendan a negociar de la única manera posible: negociando a la fuerza y realizando las concesiones que sean necesarias.

Si, opino que la Ley Electoral no respeta la Constitución.

Lanzados como estamos por la pendiente de las propuestas, terminaremos con otra, facilísima, de aplicación inmediata y sin necesidad de acuerdos.

Comenzábamos con lo de a quien culpar de los no pactos y nos viene a la cabeza ese CIS que mantiene a los políticos en el segundo puesto del ranking de problemas que preocupan en España.

Como nosotros no vivimos de criticar gratis al adversario y, por tanto, no somos esclavos de nuestras palabras, nos atrevemos a proponer lo siguiente.

A cualquier encuestado que responda que los políticos son uno de los problemas, se le debería hacer, a continuación, la siguiente pregunta:

Pregunta: Ya que usted opina que los políticos son uno de los problemas, siendo 0 igual a “ningún problema” y 10 igual a “máximo problema”, le ruego indique la puntuación que, en su opinión, le corresponde a cada uno de los partidos políticos que le iré nombrando: