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La crisis económica española, también llamada depresión económica española, se refiere a la crisis económica que se inició en 2008 y que en la contabilidad nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística dependiente de la Administración General del Estado, afirma que concluyó en el año 2014.
Pero nada más lejos de la realidad. Han pasado más de diez años desde el comienzo de la crisis y no parece que España se haya, ni mucho menos, alejado de ella. Una crisis que arrastra enormes costes sociales y económicos. De ella y de la aplicación de unas políticas y reformas regresivas se han derivado sus efectos.
Nos encontramos con elevados niveles de desigualdad y de pobreza. Precariedad laboral a ultranza. Devaluación salarial concentrada en los trabajadores de la mitad inferior de la distribución. Servicios públicos al límite de sus posibilidades por los recortes realizados. Impuestos cada vez menos centrados en los más ricos, más regresivos. Los desahucios continúan de igual manera que antes.
Para la Asociación de Economistas Frente a la Crisis, estas situaciones no desaparecen -y aun se acrecientan- con el crecimiento económico y del empleo. Mientras las rentas salariales no han recuperado todavía los niveles reales previos a la crisis, los beneficios de las empresas (no financieras y sin autónomos) son 38.000 millones de euros mayores a precios constantes que en 2008. Y 11.000 millones más, los dividendos que reparten a los accionistas.
Más de diez años después de iniciada la crisis se constatan las consecuencias de las políticas adoptadas: la renta media real es hoy en España la misma que hace 10 años, pero, mientras el 1% más rico ha aumentado su renta un 21%, el 40% más pobre ha perdido lo que los demás han ganado.
Son solo algunas muestras de la situación, pero hay datos a centenares.Los efectos no desaparecen con el crecimiento porque se han devastado las estructuras que garantizan el reparto y la redistribución. Si se siguen haciendo las mismas cosas se obtendrán, agudizados, los mismos resultados. Esa es la cuestión.
Es hora de las políticas de cambio. Y hay que actuar en muchos órdenes, pero estratégicamente en tres: Uno, el mercado de trabajo; dos, el sistema fiscal; y tres, la regulación de los mercados, en particular, del mercado de la energía y de la vivienda.
Solo políticas decididas y firmes, y necesariamente en los tres ámbitos, pueden revertir la situación y favorecer y hacer más ‘resiliente’ la economía, y recomponer la cohesión y la justicia social. Es la hora. El momento político en el que España debe decidir cómo debe ser su futuro, qué sociedad queremos.
El problema fundamental no es la composición del Gobierno sino qué políticas debemos realizar en los próximos años. En estos años se van a poner, o no, las bases de un futuro diferente, mejor.
Desaceleración económica en España
La desaceleración de la economía es un hecho. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) nunca se ha caracterizado por ser el organismo más optimista del panorama, en sus últimas estimaciones los datos no dejan lugar a dudas: la riqueza neta mundial se redujo entre 2007 y 2016 en 9,6 billones de euros.
Si no se adoptan las reformas necesarias, simplemente se consolidarán los regresivos cambios de estructuras que realizó la derecha, cuyas consecuencias económicas y sociales han dañado a la mayoría de los ciudadanos.Y si no aumentan las inversiones públicas y los gastos sociales al menos en 7 puntos del PIB que nos separan de la zona euro, quedaremos descolgados del progreso europeo.
Esa es la disyuntiva. Las fuerzas progresistas tienen ante sí esa responsabilidad. Los programas de los partidos evidencian amplias coincidencias que reflejan la madurez de la sociedad sobre los cambios necesarios. Los ciudadanos reclaman y esperan un acuerdo a largo plazo que aporte concreción y estabilidad al cambio. Se tienen que expresar las políticas que van a transformar nuestro país y aproximarlo a los niveles de bienestar y justicia de los países más avanzados.
Los tres ámbitos estratégicos de la política económica en este momento deben ser definidos sin ambages, con total claridad.
Primero, si no se reduce drásticamente la precariedad del empleo, se estabiliza el mercado de trabajo y se restablece la vinculación de los salarios con la productividad no mejorará el reparto de la renta para los asalariados.
Segundo, si no se aumentan la justicia fiscal y los gastos públicos garantizando que los más favorecidos, ciudadanos y empresas, paguen más de acuerdo con sus altos ingresos, no aumentará la redistribución, no se reforzará el bienestar de la mayoría de los ciudadanos porque los recursos seguirán sin alcanzar y no se reducirá la elevadísima e indigna desigualdad social.
Y tercero, si no se abordan decididamente las reformas regulatorias que requieren los mercados, la transición energética y la vivienda –reforma del mercado de la electricidad; creación de parques públicos de viviendas en alquiler, entre otros- no se conseguirá el impulso económico, de inversión, de cambio de modelo productivo y de competitividad que España, y en particular su población más joven, necesita.
Al contrario, los ciudadanos y las empresas correrán con los costes y todos perderemos el tren del futuro. Los intereses particulares de muchos grupos económicos y políticos no pueden ni deben parar esta triple transformación que necesariamente debe iniciarse y progresar con claridad durante los próximos cuatro años.
Y lo peor de todo, la gran mayoría de los españoles temen la llegada de una nueva crisis a medio plazo. La recesión que estalló en España hace una década aún sigue más viva que nunca.
